Con la aprobación definitiva del Congreso, está lista para sanción presidencial una nueva ley que modifica de forma sustancial el régimen de encuestas políticas en Colombia. La normativa, impulsada como parte de una reforma al sistema electoral, introduce cambios que han generado controversia, especialmente entre firmas encuestadoras, expertos en estadística y defensores de la libertad de expresión.

Uno de los puntos más discutidos es la limitación del periodo para publicar encuestas, que ahora quedará restringido a solo tres meses antes del inicio del período de inscripciones de candidaturas. Esta medida, según analistas, impide el seguimiento continuo de la opinión pública, reduciendo la disponibilidad de datos actualizados sobre intención de voto y percepción ciudadana en periodos clave del calendario electoral.

Otro aspecto sensible de la ley es el fortalecimiento de las facultades del Consejo Nacional Electoral (CNE), que ahora actuará como regulador, auditor, sancionador y custodio de los datos producidos por las encuestadoras. La norma no establece instancias claras de apelación ni procedimientos técnicos definidos para las auditorías, lo que ha generado preocupación sobre la concentración de funciones en un solo ente y la falta de garantías para una fiscalización imparcial.

La nueva legislación también obliga a las firmas encuestadoras a entregar al CNE información sensible, como los números telefónicos marcados, grabaciones de entrevistas y formularios diligenciados. Esta disposición implicará mayores exigencias en ciberseguridad para las firmas, y las expone a sanciones en caso de filtraciones o vulneraciones, lo que eleva los costos y riesgos operativos del sector.

Un elemento que ha sido calificado como problemático por organizaciones académicas es la anulación automática de encuestas por incumplimientos formales, tales como errores en el orden de las preguntas o la falta de firma de los responsables. Esto, advierten algunos sectores, podría abrir la puerta a impugnaciones estratégicas o a un uso discrecional de la ley para restringir publicaciones incómodas, generando efectos de censura indirecta.

Particular inquietud ha causado el artículo 11, que establece responsabilidad penal para quienes incumplan las “leyes de la estadística”. Esta figura jurídica no tiene una definición clara dentro del ordenamiento colombiano, y según expertos, podría judicializar errores técnicos comunes, como desviaciones operativas o problemas de muestreo, que son inherentes al trabajo estadístico. En opinión de algunos analistas, esto crea un ambiente de incertidumbre legal que podría desincentivar la publicación de estudios de opinión.

Pese a las críticas, el proyecto fue aprobado con respaldo amplio de congresistas de distintos partidos, lo que sus promotores han presentado como un acuerdo nacional en favor de la transparencia electoral.

Ahora, con la ley lista para sanción presidencial, las firmas encuestadoras y organizaciones de monitoreo electoral esperan una reglamentación detallada que brinde claridad técnica y asegure garantías de debido proceso, con el objetivo de evitar que la nueva normativa derive en restricciones indebidas al debate público o en un retroceso para el acceso ciudadano a información electoral verificable.