La Procuraduría General de la Nación ha confirmado la destitución e inhabilitación por nueve años de Leonardo Donoso Ruíz, actual alcalde de Chía, Cundinamarca. Esta decisión, ratificada en un fallo de segunda instancia, se debe a irregularidades detectadas en la adjudicación de un contrato de alumbrado público durante su primer mandato (2016-2019).

Según el ente de control, Donoso aprobó análisis, estudios y requisitos financieros con deficiencias, contraviniendo las disposiciones legales. Además, participó en las etapas precontractual y contractual del proceso, omitiendo garantizar que los documentos para la selección del contratista cumplieran con los principios de ley.

La Procuraduría argumentó que estas acciones vulneraron los principios de economía, planeación, responsabilidad, transparencia y selección objetiva que rigen la contratación pública. Como resultado, se determinó que la conducta del alcalde constituyó una “falta gravísima cometida a título de culpa gravísima”.

En la misma decisión, se confirmó la destitución del exsecretario de Obras, Jorge Wilmar Torres Porras, quien aprobó documentos precontractuales sin verificar el cumplimiento de los requisitos financieros necesarios, afectando la competencia justa entre empresas.

A pesar de la sanción, Donoso, quien fue reelegido para el período 2024-2027, podrá continuar en su cargo temporalmente. La Procuraduría aclaró que la sanción quedará suspendida hasta que el Consejo de Estado resuelva la situación. El alcalde tiene la opción de solicitar medidas cautelares ante esta instancia, lo que podría permitirle permanecer en funciones hasta una decisión definitiva.

En caso de que Donoso deba dejar el cargo, el gobernador de Cundinamarca tendría que nombrar a un alcalde encargado mientras se convocan nuevas elecciones para completar el período constitucional que termina en 2027.

La Procuraduría también tomó medidas similares contra otros funcionarios públicos. En un caso separado, sancionó con suspensión de nueve meses al exalcalde de Majagual (Sucre), Luis Benito Gómez Martínez, y al exsecretario de Planeación David Andrés Álvarez Reino, por irregularidades en la rehabilitación de un canal de aguas que causaron graves daños ambientales.