Abogado impugna fallo del Consejo de Estado sobre declaraciones de Petro a periodistas
Por: Elizabeth Montoya
22 octubre, 2024
El jurista Germán Calderón España presentó una impugnación ante el Consejo de Estado contra el fallo que declaró improcedente la tutela interpuesta por las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien se refirió a un grupo de periodistas como “muñecas de la mafia” durante la posesión de la defensora del Pueblo.
“La protección de los derechos fundamentales, especialmente el de rectificación, debe aplicarse bajo el principio de solidaridad”, argumentó Calderón España en un documento de siete páginas. El abogado sostiene que su intervención busca garantizar el acceso a la justicia de las comunicadoras afectadas.
La impugnación hace especial énfasis en la Ley 1257 de 2008, que establece: “La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la erradicación de la violencia y discriminación contra las mujeres”. Bajo esta premisa, Calderón España exige que “el caso sea analizado con un enfoque de género, similar al aplicado en procesos de violencia intrafamiliar”.
El Consejo de Estado había rechazado la tutela inicial argumentando que “las explicaciones de la Presidencia respecto a la libertad de expresión fueron suficientes y no se demostró afectación directa de los derechos de las periodistas”, según consta en el fallo del 17 de octubre.
Por su parte, la defensa presidencial ha mantenido que “las declaraciones no constituían un ataque personal, sino una llamada de atención sobre la influencia del narcotráfico en algunos medios de comunicación”.
Un punto central de la controversia radica en el requisito de solicitud previa de rectificación. “Esta exigencia aplica exclusivamente para medios de comunicación, no para personas naturales”, argumenta Calderón España, rebatiendo uno de los principales motivos por los que se declaró improcedente la tutela inicial.
La periodista María Andrea Nieto, coadyuvante en el proceso, respalda la posición del jurista. Paralelamente, la tutela presentada por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y un grupo de 20 periodistas también fue desestimada por el tribunal, citando “carencia de objeto por sustracción de materia”.