Un demoledor informe presentado por la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) durante la COP16 en Cali reveló que 361 líderes ambientales han sido asesinados en Colombia desde 2018, posicionando al país como el más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente.

Francisco Daza, coordinador de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de Pares, señaló que “este informe va más allá de unas cifras: es importante destacar las voces de las personas asesinadas y de otros que aún siguen vivos”. El estudio destaca que 2023 fue el año más violento con 81 homicidios, aunque se observa una disminución en lo transcurrido de 2024.

La impunidad prevalece en estos crímenes. “Desde el 2020 hasta 2024 no hay sentencias sobre casos de violencias homicidas contra liderazgos ambientales, eso responde a la falta de esclarecimiento”, denunció Daza. El 66% de los casos permanecen sin identificación del responsable, evidenciando graves falencias en el sistema judicial colombiano.

La geografía de la violencia se concentra en tres departamentos: Antioquia, Cauca y Nariño, que acumulan el 53% de los casos.

Ministra Muhamad: “Hay un estigma general”

La presidenta de la COP16 y ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad, reconoció que aún existen retrasos en la implementación del Acuerdo de Escazú, especialmente en la protección de los defensores del medioambiente.

“Nos falta también que los jueces mismos tengan más capacitación y capacidad en los asuntos ambientales y nos falta que se entienda las particularidades de la defensa ambiental, que sí tienen una particularidad porque hay un estigma general”, afirmó Muhamad.

El documento de Pares muestra que entre enero y agosto de este año se registraron 20 asesinatos, en comparación con los 54 cometidos en el mismo periodo de 2023. A pesar de esta reducción, el país continúa siendo uno de los más peligrosos para quienes defienden la naturaleza.

Impunidad

De los 361 asesinatos de líderes medioambientales registrados entre 2018 y agosto de 2024, solo dos casos han recibido sentencia. “El medio más eficaz para proteger a las personas defensoras de derechos humanos es investigar eficazmente los actos de violencia en su contra y sancionar a los responsables”, resalta el informe, subrayando que la impunidad sigue siendo un obstáculo clave.

Además, se deetalla que las disidencias de las FARC son responsables de más de la mitad de los homicidios, con el Estado Mayor Central señalado como el actor principal. El análisis detalla que las disidencias de las FARC son responsables del 53% de los casos donde se identifica al perpetrador. “Específicamente, el porcentaje de eventos perpetrados por el EMC es de 36% respecto al total de eventos cometidos por grupos disidentes”, precisó el informe.

En estas regiones, donde operan grupos como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN, el 57% de las víctimas eran líderes indígenas que defendían la autonomía de sus territorios.

La oposición a megaproyectos como hidroeléctricas y explotaciones mineras emerge como factor común en estos asesinatos, ejemplificados en casos emblemáticos como los de Jaime Monge, Protector de los Farallones, y Juana María Perea, lideresa del Golfo de Tribugá.

Las organizaciones y autoridades presentes en la COP16 enfatizan la necesidad de fortalecer las investigaciones y proteger de manera efectiva a quienes arriesgan su vida defendiendo los recursos naturales.