La reciente directiva 001 emitida por la fiscal general Luz Adriana Camargo el 10 de septiembre, enfocada en la “protección del derecho a la protesta social pacífica”, ha desatado una intensa controversia en Colombia. El documento, que busca establecer lineamientos para el manejo de acciones durante manifestaciones, está siendo cuestionado por diversos sectores políticos.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, anunció en una entrevista con La W su intención de demandar la directiva por inconstitucionalidad. Cabal calificó el documento como “ambiguo, contradictorio y maniqueo”, argumentando que permite una interpretación subjetiva de conductas delictivas y que la Fiscalía estaría renunciando a su deber constitucional de perseguir el crimen.

La legisladora expresó preocupación por la posible limitación en la capacidad del Estado para responder a disturbios graves, haciendo referencia a los eventos ocurridos durante el Paro Nacional de 2021. Cabal citó cifras de policías afectados durante esas manifestaciones para respaldar su posición.

Un punto central de la crítica es la presunta extralimitación de funciones de la Fiscalía. Según Cabal, la entidad estaría legislando, una función que corresponde al Congreso. La senadora incluso sugirió que la directiva podría llevar a los fiscales a “prevaricar” si siguen lo que considera una directriz “abiertamente inconstitucional”.

Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, se sumó a las críticas, recordando el principio de supremacía normativa. Motoa advirtió que cualquier aspecto de la directiva que contradiga la ley no puede aplicarse y podría ser objeto de demanda ante el Consejo de Estado.

Con información de wradio