La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a cuatro exfuncionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a cuatro particulares por su presunta participación en un entramado de corrupción que habría desviado más de $860 millones destinados a la alimentación de niños, niñas y mujeres gestantes en comunidades vulnerables de La Guajira.

Según la investigación, los implicados —entre ellos tres exservidores públicos y cuatro empresarios— habrían inflado los costos de contratos firmados entre febrero y diciembre de 2019, aprovechando su posición para aprobar pagos irregulares a una asociación privada. Los hechos, que afectaron a poblaciones rurales y grupos étnicos de Riohacha y Manaure, incluyen delitos como peculado agravado, falsedad ideológica y detrimento patrimonial.

El entramado: contratos inflados y documentos falsos

La Fiscalía reveló que los exfuncionarios Gabriel Antonio Benítez Orcasita, Lorenza Martínez Valdeblanques y Jessica Karina Peñaranda Murgas, quienes ejercían funciones de supervisión en la seccional La Guajira del ICBF, habrían aprobado 12 pagos con sobrecostos a favor de una empresa contratista, representada por Rosidis Barliza Rivera.

Los particulares Leyder Fabián Pérez Romero, José Gregorio Mengual Riveira y Pedro Pablo Romero Pinilla —proveedores de alimentos como carnes y verduras— habrían presentado facturas y cuentas de cobro con valores inflados, que luego fueron utilizadas para solicitar reembolsos al ICBF. Según las pruebas recolectadas, estos documentos contenían registros falsos que justificaban el aumento en los costos de las raciones, generando un perjuicio superior a los $860 millones para el Estado.

Delitos imputados y consecuencias legales

Una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Fiscalía en La Guajira formuló cargos contra los implicados por:

• Peculado por apropiación en favor de terceros agravado (por desviar recursos públicos).
• Peculado por apropiación (apropiación indebida de fondos).
• Falsedad ideológica en documento público (alteración de actas y contratos).
• Falsedad en documento privado (manipulación de facturas y registros).

El caso sigue en etapa de judicialización, mientras las autoridades buscan determinar si hubo más actores involucrados y el alcance total de las irregularidades. La Fiscalía destacó que estos hechos afectaron directamente a poblaciones vulnerables, como niños en primera infancia y mujeres embarazadas, que dependían de estos programas para su alimentación básica.

Reacciones y medidas institucionales

El ICBF, en un comunicado, aseguró que “no tolera actos de corrupción” y que colaborará con las investigaciones. Sin embargo, este caso se suma a una serie de escándalos previos en la entidad, donde se han reportado sobrecostos en contratos de alimentación en otras regiones del país.

Las comunidades afectadas, representadas por líderes sociales, exigieron transparencia y sanciones ejemplares para los responsables. “Estos recursos eran vitales para familias que luchan contra la desnutrición”, declaró una vocera de una organización étnica de La Guajira.

Contexto: La Guajira, una región en alerta por corrupción

La Guajira, una de las regiones más pobres de Colombia, ha sido históricamente escenario de irregularidades en la ejecución de programas sociales. En 2022, la Procuraduría destapó otro caso de desvío de recursos en contratos de agua potable, lo que refleja un patrón de gestión deficiente y falta de controles en la administración pública.

Mientras el proceso avanza, la Fiscalía mantiene medidas de aseguramiento contra los imputados para evitar que destruyan pruebas o influyan en testigos. El caso será clave para determinar si hubo redes organizadas detrás de estos desfalcos o si se trató de acciones individuales con complicidad institucional.

Con información de la Fiscalía General de la Nación y fuentes locales.