El Emisor cuestiona la legalidad y viabilidad del proyecto de decreto que obligaría a las AFP a transferir recursos a Colpensiones, señalando riesgos para la estabilidad financiera y contradicciones con la Ley 2381 de 2024.

El Banco de la República emitió una advertencia contundente al Gobierno nacional: el proyecto de decreto que busca reglamentar el traslado de ahorros pensionales desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) hacia Colpensiones sería contrario a la ley vigente y podría generar impactos negativos en los mercados financieros. En un oficio dirigido al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez, la entidad resaltó que la propuesta carece de soporte legal debido a la suspensión temporal de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional.

El documento, firmado por Alberto Boada Ortiz, secretario de la Junta Directiva del Emisor, señala que el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 —que permite a afiliados con al menos 750 semanas cotizadas (mujeres) o 900 (hombres) y menos de diez años para pensionarse cambiar de régimen— aún no está en pleno vigor. La Corte Constitucional, mediante el Auto A-841 del 17 de junio de 2025, suspendió su aplicación hasta que se resuelva definitivamente su constitucionalidad.

En este contexto, el Banco considera que reglamentar el traslado de recursos mientras la norma está suspendida excede las facultades del Gobierno. “El proyecto de decreto pretende desarrollar disposiciones cuya vigencia se encuentra en pausa, lo que le resta fundamento jurídico”, advirtió la entidad.

Uno de los puntos más críticos es la propuesta de que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) transfieran la totalidad de los recursos acumulados en las cuentas individuales a Colpensiones. Según la Ley 2381, estos ahorros deben seguir siendo administrados por las AFP hasta que se reconozca la pensión, ya sea por vejez o por el régimen anterior. El Emisor subraya que el proyecto de decreto contradice expresamente esta disposición, al exigir una transferencia inmediata de los fondos.

Además, el plazo establecido —15 días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto o un mes tras la aceptación del traslado— generaría presiones operativas y financieras severas. Las AFP, que gestionan más de 300 billones de pesos en activos, tienen gran parte de esos recursos invertidos en títulos de deuda pública (TES). Un retiro masivo y acelerado obligaría a liquidar posiciones a gran escala, con posibles consecuencias en las tasas de interés y la liquidez del mercado.

“Un movimiento de esta magnitud en tan corto tiempo podría alterar el funcionamiento normal de los mercados financieros locales”, alertó el Banco. La entidad recordó que la estabilidad del sistema depende en parte de la gestión sostenida de estos fondos, y que cambios abruptos podrían afectar la confianza de inversionistas y el costo del financiamiento público.

El Emisor también destacó que, mientras no entre en operación el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (FAPC), no existe un mecanismo legal ni técnico para absorber estos recursos en el régimen público. Por ello, insistió en que los ahorros deben permanecer bajo la administración de las AFP para garantizar el reconocimiento de derechos pensionales.

En su conclusión, el Banco de la República recomendó ajustar el proyecto de decreto a la normativa vigente y a las decisiones judiciales pendientes, evitando así conflictos legales y riesgos sistémicos. Sus observaciones fueron presentadas en el marco de la consulta pública del Ministerio del Trabajo, que busca reglamentar uno de los aspectos más sensibles de la reforma: la movilidad entre regímenes pensionales.

Con esta intervención, el Emisor refuerza su rol como garante de la estabilidad financiera y reitera la necesidad de que las decisiones regulatorias se fundamenten en el marco jurídico vigente. Mientras tanto, el futuro del traslado de ahorros sigue en suspenso, a la espera de una definición constitucional y de un diseño técnico que equilibre derechos, legalidad y estabilidad económica.