La Federación Colombiana de Víctimas de las FARC (Fevcol) ha presentado una tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dirigida al presidente Gustavo Petro, la fiscal Luz Adriana Camargo y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez. Esta acción legal surge a raíz del reciente incidente en Anorí, Antioquia, donde miembros de las disidencias de las FARC fueron descubiertos transportando armas y grandes sumas de dinero en vehículos oficiales de la UNP.

La tutela, interpuesta por dos representantes de Fevcol, busca no solo la suspensión del cese al fuego con la estructura liderada por alias ‘Calarcá’, sino también el levantamiento de la suspensión de órdenes de captura contra sus integrantes. Además, exigen la revocación de los esquemas de seguridad otorgados por el Gobierno a los miembros del grupo guerrillero que participan en las mesas de negociación.

En el documento presentado, se cita una entrevista concedida por alias ‘Calarcá’, en la que el líder disidente afirmaba haber apoyado políticamente la campaña presidencial de Gustavo Petro. Este hecho ha generado controversia y se incluye como parte de los argumentos para respaldar la tutela.

La petición de Fevcol es clara y contundente: “Ordenarle a la Fiscalía General de la Nación suspender la decisión y levantar las órdenes de captura en contra de los miembros del Estado Mayor Central de las FARC EP”, incluyendo a varios líderes de la organización como Erlinson Echavarría Escobar, Edgar de Jesús Orrego Arango y Omar Delgado Novoa, entre otros.

El abogado Francisco Bernate asegura que “el presidente de la República tiene la facultad de solicitar a la Fiscalía la suspensión de las órdenes de captura para permitir la negociación con grupos al margen de la ley”. Sin embargo, expresó su preocupación por el hecho de que los detenidos portaban armas sin autorización, lo cual constituye un delito en Colombia. Además, la discusión se centra en sí es legal o no la suspensión de las órdenes de captura, sino en si es posible suspenderlas ahora tras los hechos ocurridos, recordando que el  artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, permite la captura en flagrancia cuando se está cometiendo un delito.