La Corporación Reiniciar elevó una formal protesta ante la Presidencia de Colombia y el Ministerio de Justicia debido a las deficiencias en la implementación del proceso de reparación para las víctimas de la Unión Patriótica (UP), según lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En una carta dirigida a las autoridades gubernamentales, la organización señaló que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), actual responsable de supervisar el cumplimiento de la sentencia, carece de la experiencia necesaria para coordinar efectivamente las acciones con instituciones fundamentales como la Fiscalía, el Ministerio de Salud y la Unidad Nacional de Protección.

Los representantes de Reiniciar, que abogan por más de 3,000 víctimas, manifestaron su inconformidad por el trato diferenciado que reciben en comparación con otras organizaciones que manejan menor cantidad de casos. Asimismo, expresaron preocupación por la lentitud en la implementación de medidas de reparación temprana, especialmente en lo concerniente al acceso a servicios de rehabilitación.

Ante esta situación, la Corporación propone que la supervisión del proceso retorne a la Cancillería, entidad que cuenta con amplia experiencia en el manejo de decisiones emanadas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta solicitud cobra mayor relevancia considerando que recientemente se suspendió el acto público de reconocimiento de responsabilidad estatal por el exterminio de la UP, debido a la ausencia del presidente Gustavo Petro.

La organización enfatiza que la naturaleza sensible del caso requiere una gestión especializada y comprometida que permita avanzar de manera efectiva en el cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Corte IDH, sin dilaciones que afecten los derechos de las víctimas.

Los funcionarios participantes en las reuniones relacionadas con el proceso carecen de poder decisorio, según señala Reiniciar, lo cual ha generado retrasos significativos en la implementación de las medidas de reparación ordenadas por el tribunal internacional.