El Ejército Nacional denunció el secuestro de varios de sus soldados en zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, en medio de operaciones militares que se adelantaban contra el grupo armado organizado Ejército de Liberación Nacional (ELN).

De acuerdo con un comunicado emitido este 21 de diciembre por la Séptima División del Ejército, los hechos ocurrieron mientras las tropas desarrollaban labores de seguridad y control territorial, orientadas a proteger a la población civil y a enfrentar la presencia del ELN en esta zona del departamento. En ese contexto, la unidad militar fue interceptada por un grupo de aproximadamente 200 personas que bloqueó su movilidad y procedió a retener a los uniformados contra su voluntad.

Según la información oficial, los soldados fueron rodeados, retenidos y trasladados de manera arbitraria hacia un resguardo indígena, lo que les impidió continuar con el cumplimiento de su misión constitucional. La institución precisó que la retención se produjo sin mediar orden legal y en contravía de las normas que regulan el actuar de la fuerza pública en el marco de operaciones legítimas del Estado.

El Ejército calificó lo ocurrido como una grave vulneración a la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la Fuerza Pública. Asimismo, rechazó de manera categórica cualquier acción que interfiera con el desarrollo de operaciones militares, al considerar que este tipo de hechos afecta directamente el cumplimiento de la misión constitucional asignada a las Fuerzas Militares.

En su pronunciamiento, la institución advirtió que la retención de los uniformados no solo pone en riesgo su vida, sino que también debilita la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y el orden público en regiones que han sido históricamente golpeadas por el conflicto armado.

El Ejército hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias que permitan salvaguardar la integridad física de los soldados retenidos y se facilite su pronta y segura liberación. De igual manera, solicitó la intervención de los organismos de derechos humanos y de los líderes comunitarios, con el fin de contribuir a una solución que evite mayores riesgos y se ajuste a los principios del derecho internacional humanitario.

La institución también enfatizó en la necesidad de privilegiar el diálogo y el respeto por la institucionalidad, así como la observancia estricta del marco constitucional y legal vigente. En el comunicado se reiteró que la privación de la libertad de integrantes de la Fuerza Pública constituye una conducta sancionada por la ley y puede acarrear responsabilidades penales para quienes participen en este tipo de acciones.

En ese sentido, el Ejército llamó a abstenerse de realizar actos que interfieran con las funciones de la fuerza pública y que puedan involucrar indebidamente a civiles en hechos con consecuencias jurídicas graves. La institución insistió en que este tipo de situaciones no solo afecta la institucionalidad del Estado, sino que también expone a las comunidades a escenarios de mayor riesgo.