El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha ordenado una nueva suspensión del proceso judicial relacionado con la demanda de la Unión Temporal Pasaportes 2023 contra el Estado colombiano. La medida se extenderá hasta el 4 de febrero, en medio de negociaciones para resolver un conflicto que involucra $117.000 millones en reclamaciones.

El litigio surge de la decisión del exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, de declarar desierta una licitación pública valorada en $599.651 millones en 2023. La Unión Temporal Pasaportes 2023, conformada por empresas como Thomas Greg & Sons, era el único consorcio que cumplía con los requisitos para participar en el proceso.

La controversia llevó a consecuencias significativas para Leyva, quien fue destituido e inhabilitado por 10 años por la Procuraduría General de la Nación. El órgano de control determinó que el exministro violó principios de contratación estatal al no adjudicar la licitación.

El actual canciller, Luis Gilberto Murillo, ha adoptado un enfoque más conciliador. Tanto la Cancillería como Thomas Greg & Sons exploran la posibilidad de un acuerdo que podría evitar un fallo judicial potencialmente costoso para el Estado.

La demanda, bajo la responsabilidad de la magistrada Bertha Lucy Ceballos, fue inicialmente suspendida en octubre de 2024. Las partes buscan una solución que mitigue los riesgos económicos y legales del conflicto.

El próximo 4 de febrero será crucial, ya que el Tribunal determinará el siguiente paso en este proceso. Las negociaciones se centran en encontrar una salida que proteja los intereses tanto del Estado como de la empresa involucrada.

Este caso representa un desafío importante para la administración actual, con implicaciones que podrían sentar precedentes para futuras contrataciones estatales en Colombia.

Con información de wradio