La grave crisis humanitaria que se vive en la zona rural de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, quedó en evidencia tras la intensificación de los enfrentamientos armados entre el Frente 33 de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La defensora del Pueblo, Iris Marín, calificó la situación como una muestra clara de la incoherencia entre los compromisos firmados en las mesas de diálogo y la realidad violenta que enfrentan las comunidades en el territorio.

Los combates se recrudecieron desde el pasado 24 de diciembre en sectores como La Gabarra y Pacheli, sin dar tregua siquiera durante las festividades de fin de año. De acuerdo con el Ministerio Público, la población civil quedó atrapada en medio del fuego cruzado, lo que desató una emergencia social que superó la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

Uno de los impactos más visibles de la confrontación armada ha sido el desplazamiento forzado. Más de 60 familias huyeron de sus veredas y llegaron hasta la Alcaldía de Tibú en busca de protección y asistencia. No obstante, la situación resulta aún más crítica para quienes no lograron salir de las zonas afectadas. En el corregimiento de La Gabarra, un número indeterminado de personas permanece confinado en una escuela, sin acceso a ayuda humanitaria y sin que se haya podido establecer un censo preciso debido a la intensidad de los enfrentamientos.

La emergencia se ha visto agravada por el bloqueo de vías impuesto por los grupos armados ilegales, una estrategia que ha impedido la apertura de corredores humanitarios. Esta restricción ha frenado el ingreso de ambulancias y de misiones humanitarias conformadas por la Iglesia Católica y organismos internacionales como Naciones Unidas, dejando a comunidades enteras sin atención médica ni suministro de alimentos.

La defensora del Pueblo explicó que, en las actuales condiciones, no existen garantías mínimas de seguridad para ingresar a las zonas más afectadas. En declaraciones a Blu Radio, Iris Marín señaló que “en este momento los combates son tales que no hay condiciones de seguridad para ingresar”, una situación que se ve agravada por factores climáticos que también han limitado las operaciones de la fuerza pública en la región.

Desde la Defensoría se cuestionó con dureza la verdadera voluntad de los actores armados ilegales, especialmente tras el anuncio de supuestos ceses al fuego que, en la práctica, no se han reflejado en el territorio. Marín advirtió que “hay una incoherencia entre lo que se firma y lo que está pasando”, poniendo en duda la efectividad de los compromisos adquiridos en el marco de los diálogos.

Según la información recopilada por la entidad, el Frente 33 no solo habría incumplido los anuncios de desescalamiento, sino que habría aprovechado el periodo de conversaciones para fortalecerse militarmente. Los reportes indican que esta estructura trasladó combatientes desde otras regiones con el objetivo de reforzar su ofensiva contra el ELN y consolidar su control territorial en el Catatumbo.

Ante la gravedad de la situación, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a los grupos armados para que cesen de inmediato las hostilidades y respeten el Derecho Internacional Humanitario. “Lo principal es pedirle tanto al Frente 33 como al ELN que suspendan los enfrentamientos y permitan que la gente pueda estar un poco tranquila”, insistió Marín.

Mientras tanto, las comunidades rurales de Tibú continúan en medio de la incertidumbre, a la espera de que se habiliten condiciones mínimas de seguridad que permitan la llegada de ayuda humanitaria y alivien una crisis que sigue profundizándose en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado en Colombia.