El conflicto legal entre Thomas Greg & Sons y el Gobierno Nacional por la controversia de los pasaportes entró en una fase de pausa estratégica. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó la suspensión del proceso judicial que involucra una demanda por 117.000 millones de pesos contra el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La magistrada Bertha Lucy Ceballos Posada formalizó la suspensión del proceso judicial, estableciendo un periodo de congelamiento que se extiende desde el 4 de octubre hasta el 23 de enero de 2025. Esta decisión responde a una solicitud conjunta de las partes involucradas, quienes solicitaron un plazo de 60 días hábiles para explorar alternativas de resolución.

El acuerdo temporal incluye varios elementos clave como la continuidad en la impresión de pasaportes hasta septiembre de 2025 y la oportunidad para negociaciones entre las partes, con la respectiva supervisión del proceso por entidades gubernamentales.

Además,el Tribunal estableció requisitos específicos para garantizar la transparencia durante el periodo de suspensión como la obligación de informar sobre todas las actuaciones a los sujetos procesales, la inclusión de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en las comunicaciones y la participación activa del Ministerio Público en el seguimiento del proceso.

Este paréntesis judicial ofrece un espacio para la búsqueda de soluciones que beneficien a ambas partes y una potencial resolución del conflicto fuera de los tribunales, mientras se asegura que los servicios esenciales de documentación para los ciudadanos colombianos no se vean afectados.