La Superintendencia Nacional de Salud extendió la medida de intervención sobre Famisanar EPS hasta el 15 de septiembre de 2026, tras identificar deficiencias persistentes en indicadores financieros y fallas en el componente técnico-científico durante el período comprendido entre noviembre de 2024 y mayo de 2025.

La extensión de la intervención se sustenta en el incumplimiento de indicadores financieros críticos por parte de la EPS. Famisanar presentó dificultades en el mantenimiento del capital mínimo requerido, problemas de patrimonio adecuado y deficiencias en las reservas técnicas obligatorias.

Los informes financieros recientes evidencian un deterioro patrimonial progresivo y riesgo de liquidez, con pasivos crecientes que superan los activos disponibles para cumplir las obligaciones con prestadores de servicios y proveedores.

El componente técnico-científico ha mostrado debilidades significativas, particularmente en la red complementaria de servicios. Estas deficiencias han limitado el acceso oportuno de los usuarios a especialidades médicas y han comprometido la continuidad del cuidado de los afiliados.

Según la Superintendencia de Salud, aunque la red de prestadores primarios ha registrado avances, el cumplimiento de metas en la red de servicios especializados permanece por debajo de los estándares esperados. Esta situación mantiene presión constante sobre la calidad de la atención y refleja los desafíos estructurales en la gestión de la entidad.

La prórroga requirió la expedición de un decreto presidencial debido a que la Superintendencia Nacional de Salud había agotado sus facultades para renovar la intervención de manera directa. Esta medida excepcional permite mantener el control regulatorio sobre la EPS hasta que se evidencien mejoras sustanciales.

La doctora Cris Encarnación Reyes Gómez continuará como agente especial interventora, manteniendo la responsabilidad de ejecutar los planes de mejora, garantizar la operación de la EPS y dar cumplimiento a las directrices del organismo de vigilancia.

Su permanencia busca proporcionar estabilidad al proceso y mantener la continuidad de las estrategias implementadas desde el inicio de la medida especial.

A nivel jurídico se han reportado incumplimientos adicionales que comprometen la estabilidad institucional y obstaculizan el desarrollo de un plan de recuperación sólido. Las autoridades han identificado inconsistencias en los datos reportados por la entidad, lo que dificulta las labores de control y supervisión.

Los afiliados han presentado un elevado número de quejas relacionadas con demoras en la asignación de citas médicas, barreras en el acceso a atención especializada y fallas en la entrega de servicios de salud. Esta situación ha afectado significativamente la confianza de los usuarios en la entidad.

La entidad debe demostrar mejoras sostenibles en sus indicadores financieros, técnicos y jurídicos para lograr el levantamiento anticipado de la intervención antes del vencimiento establecido en septiembre de 2026.

Con información de wradio