El soldado Braulio Guacales, uno de los 57 uniformados retenidos durante más de 80 horas en zona rural de El Tambo, Cauca, habló de la cruda experiencia que vivieron él y sus compañeros. Aunque no fueron golpeados ni agredidos físicamente, Guacales describió la experiencia como una “tortura psicológica”, en medio de una atmósfera de tensión, humillación y presión colectiva ejercida por más de 200 personas.

“Nos miraban, unos con rabia, otros con pena, y muchos se reían. Fue como si pisotearan nuestro orgullo militar”, relató el joven soldado en entrevista con Blu Radio. Según su relato, nunca vio armas entre los captores, pero la presión social fue tan intensa que terminó por doblegar al pelotón, que fue aislado, dividido y trasladado en camiones a diferentes puntos del municipio sin ofrecer resistencia.

El caso ha generado indignación a nivel nacional y ha reavivado el debate sobre la situación de seguridad en el sur del país, particularmente en zonas como el Cañón del Micay, donde confluyen grupos armados ilegales, cultivos ilícitos y estructuras criminales como la columna ‘Carlos Patiño’, señalada de orquestar el secuestro.

Ejército denuncia secuestro y rechaza uso de la población como escudo

El general Érick Rodríguez, segundo comandante del Ejército Nacional, fue enfático en señalar que lo ocurrido no fue una simple “retención” por parte de la comunidad, sino un “secuestro planeado” por estructuras armadas que instrumentalizan a la población civil.

“La comunidad fue manipulada bajo órdenes directas de la estructura criminal Carlos Patiño. No vimos hombres armados en el momento del cerco, pero eso no significa que no haya un control violento detrás. En estas zonas donde la economía gira alrededor de la coca, los grupos ilegales dominan todo”, explicó el alto oficial.

Rodríguez añadió que el operativo de secuestro se habría producido como represalia tras la captura de un presunto miembro de dicha estructura criminal. Según sus declaraciones, civiles llegaron en camionetas, rodearon a los soldados y ejecutaron el cerco aprovechando el temor y la presión colectiva. “Fue un acto premeditado. No vamos a permitir que esto se normalice”, advirtió.

Respeto a los derechos humanos y permanencia en la zona

Pese a las críticas en redes sociales por la falta de reacción armada de los uniformados, el general Rodríguez defendió la postura del Ejército: “Nuestros hombres no van a disparar contra civiles. Respetamos los derechos humanos, incluso en situaciones extremas. Es la doctrina de nuestro Ejército”.

Asimismo, confirmó que el Ejército Nacional mantendrá su presencia en el cañón del Micay, una zona históricamente azotada por el narcotráfico, el conflicto armado y la minería ilegal. “Vamos a continuar nuestra labor de estabilización y recuperación del control territorial. No cederemos el paso a estructuras criminales”, puntualizó.

La situación en Cauca, uno de los departamentos más complejos en términos de orden público, deja en evidencia el desafío que representa para las fuerzas armadas operar en territorios donde la frontera entre población civil y control criminal se desdibuja.

“Lo que ocurrió fue un secuestro, y la instrumentalización de la población civil por parte de grupos armados debe ser rechazada por todos los colombianos”, concluyó el general Rodríguez, haciendo un llamado a la sociedad y a las instituciones a no permitir que este tipo de hechos se repitan o se minimicen.

Las investigaciones sobre lo ocurrido siguen en curso y las autoridades han prometido judicializar a los responsables intelectuales y materiales de este hecho que, según analistas, representa uno de los mayores desafíos de seguridad para el Estado colombiano en 2025.