La plenaria del Senado aprobó en segundo debate, con 60 votos a favor, la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que modifica el sistema de financiamiento de las universidades públicas del país. La iniciativa, presentada por sectores independientes pero respaldada por el Gobierno, continúa su trámite en la Cámara de Representantes.

Según cálculos del Sistema Universitario Estatal (SUE), que agrupa todas las universidades públicas del país, existe un déficit presupuestal acumulado de $17 billones. El rector de la Universidad de Córdoba y presidente del SUE, Jairo Torres, explicó que esta cifra representa “lo que las universidades han dejado de recibir debido a que los incrementos presupuestales se basan en el IPC, mientras los costos reales son mucho más altos”.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, confirmó que la brecha de desfinanciación alcanza los $18 billones desde la expedición de la Ley 30. La meta gubernamental es destinar el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación superior pública.

La reforma propone sustituir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) del DANE para calcular los incrementos anuales del presupuesto universitario.

Los datos revelan una diferencia significativa: mientras el IPC de 2024 fue del 5,2%, el ICES mostró variaciones del 18,32% en el primer semestre y del 9,58% en el segundo semestre de 2024. Torres indicó que “históricamente los costos universitarios se incrementan en promedio 5,2 puntos porcentuales por encima del IPC cada año”.

El presidente del SUE reveló que las universidades públicas, que en 1993 se financiaban casi totalmente con recursos gubernamentales, hoy reciben solo el 55,25% de su presupuesto del Estado, mientras deben generar el 44,75% restante “a través de la venta de servicios”.

Solo en gastos de funcionamiento, que incluyen vinculación docente y trabajadores, el déficit alcanza los $3,5 billones. Torres advirtió que “si no se establece un nuevo modelo financiero, ese desfinanciamiento tiende a agudizarse y muchas universidades no van a tener recursos para sostenerse”.

La crisis se evidencia en situaciones concretas: la Universidad de Antioquia está vendiendo dos predios y recortando a la mitad su planta de docentes de cátedra, mientras la Universidad Distrital renta varios espacios para cubrir gastos operativos.

Un informe reciente de la Contraloría alertó sobre la situación fiscal de las principales universidades públicas. La Universidad Nacional, Universidad de Antioquia y Universidad del Valle acumulan un pasivo pensional de $8,3 billones, siendo el caso de la Nacional el más grave con $4,5 billones.

La reforma pasó su “prueba más difícil” en el Senado, donde el Gobierno enfrenta mayores obstáculos, según análisis parlamentarios. La votación se realizó tras una comisión accidental que analizó la viabilidad financiera, rechazando proposiciones de la oposición.

El proyecto debe superar dos debates en la Cámara de Representantes: en la Comisión Sexta y en la plenaria. La implementación del ICES implicaría transferencias adicionales de aproximadamente 5 puntos porcentuales anuales respecto al modelo actual.

La iniciativa también beneficiaría a 34 universidades públicas y 30 instituciones técnicas y tecnológicas que operan en condiciones económicas más precarias que las principales universidades analizadas por la Contraloría.

Con información de bluradio y el tiempo