El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses trasladó su sede administrativa en Ocaña, Norte de Santander, desde el Hospital Emiro Quintero Cañizares hacia el puesto de salud de la Ciudadela Norte, tras concluir el comodato de más de 30 años con la Empresa Social del Estado (E.S.E.). Esta decisión, motivada por la necesidad del hospital de ampliar su servicio de urgencias y construir una nueva torre hospitalaria, ha generado preocupación en la comunidad, especialmente por la falta de infraestructura para realizar necropsias dentro del municipio.

Desde el año pasado, las directivas del Hospital Emiro Quintero Cañizares solicitaron la restitución del espacio ocupado por Medicina Legal para avanzar con el proyecto de ampliación del centro de salud. Aunque se otorgó una prórroga debido a la situación de orden público en el Catatumbo, el plazo se venció el pasado 31 de marzo. Desde entonces, el instituto solo realiza reconocimientos médico-legales en su nueva sede, mientras que las necropsias deben trasladarse a Cúcuta o Bucaramanga.

Este traslado ha generado inquietud entre los habitantes de Ocaña y municipios aledaños, debido al incremento de los costos de servicios exequiales y las dificultades logísticas para el manejo de los cadáveres.

Tutela busca restablecer servicios forenses

Ante este panorama, el personero municipal de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, interpuso una acción de tutela contra la Alcaldía, el hospital Emiro Quintero Cañizares, el Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia, la Gobernación de Norte de Santander y la Unidad Nacional de Víctimas. En la tutela se solicita la protección de los derechos fundamentales a la dignidad humana, acceso a la justicia, verdad, justicia y reparación.

El personero argumenta que la falta de una morgue funcional en Ocaña representa un retroceso en el acceso a la justicia en una región afectada históricamente por el conflicto armado. Asimismo, resaltó que la ciudad actúa como centro de atención institucional para la zona del Catatumbo, por lo cual la ausencia de servicios forenses impacta directamente la capacidad del Estado para atender a las víctimas y garantizar el esclarecimiento de hechos violentos.

Comunidad y funerarias alzan la voz

El vocero de la funeraria Capillas del Rosario, Elkin Salazar, manifestó que las familias afectadas viven un “calvario” para concretar los procesos funerarios, al no contar con un lugar apropiado para realizar los procedimientos forenses. Destacó la necesidad de construir una morgue que cumpla con los requisitos legales en una región tan sensible como el Catatumbo, donde Ocaña juega un papel clave como epicentro de atención.

Por su parte, representantes de funerarias realizaron una jornada de protesta en solidaridad con las familias, reclamando soluciones que eviten la revictimización de quienes ya han perdido a sus seres queridos.

Acciones en curso para una solución provisional

El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares, indicó que se gestiona con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) la entrega de un inmueble en el barrio Buenos Aires para instalar una nueva sede de Medicina Legal. Sin embargo, el proceso implica regularizar el pago de servicios públicos e impuestos.

Mientras se concreta una solución definitiva, se evalúa la posibilidad de firmar un convenio con una funeraria local para prestar temporalmente el servicio de necropsias. También se contempla la adecuación de un cuarto frío con mesones y equipos adecuados para la preservación de los cuerpos.

El vocero cívico Luis Albeiro Páez lamentó que, a pesar de las advertencias de años anteriores sobre la necesidad de contar con una morgue equipada, no se hayan gestionado los recursos pertinentes. Señaló que, mientras municipios como Sardinata tienen instalaciones modernas pero sin personal, en Ocaña ocurre lo contrario: hay personal calificado pero sin infraestructura, lo que pone en riesgo la estabilidad laboral de los funcionarios forenses.

La Personería advirtió que la presencia de una morgue en Ocaña es esencial no solo para el manejo digno de los cuerpos, sino para preservar evidencias judiciales, identificar víctimas de hechos violentos y responder ante emergencias masivas. Sin una sede operativa, se retrasa la documentación de muertes violentas y se vulneran derechos fundamentales de las familias afectadas.

El personero insistió en que la situación actual debilita la respuesta institucional frente a los desafíos humanitarios y de seguridad que enfrenta el Catatumbo, especialmente cuando la región se encuentra bajo declaratoria de Conmoción Interior.

 

*Con información de La Opinión