La exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, ha vuelto a poner en el centro de la agenda política colombiana su polémica declaración sobre el funcionamiento interno de la Casa de Nariño. En una entrevista exclusiva para la revista Cambio, Ortiz afirmó que durante su gestión no se tomaba ninguna decisión sin la aprobación del presidente Gustavo Petro y que la Fiscalía General de la Nación ha montado un expediente con pruebas “irregulares y falsificadas” para incriminarla en el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Ortiz explicó que, como consejera, todas las actuaciones se sometían a la supervisión de Carlos Ramón González, quien a su vez las remitía al presidente. “No se movía nada sin que el presidente supiera. Yo no tomaba una decisión sin que él lo supiera”, sostuvo la exfuncionaria. Según ella, la estructura de mando en la Presidencia obligaba a consultar permanentemente cada acción, lo que, en su opinión, demuestra la centralización del poder en Petro.

La exconsejera recordó una reunión con Petro tras su renuncia en mayo de 2024, en la que, según ella, el presidente le repitió dos veces la frase “El tema aquí es Name”, refiriéndose al expresidente del Senado Iván Name. Ortiz afirmó que, en ese momento, no comprendió el alcance de la expresión, pero que más tarde concluyó que su situación judicial podría estar vinculada a disputas políticas previas entre el Partido Verde y el Pacto Histórico. “Yo fui quien postuló a Name”, añadió, citando su participación en la campaña de 2022.

Ortiz acusa a la Fiscalía de haber construido un caso con pruebas “irregulares” y testimonios “falsos”. Entre sus señalamientos destacan:

• Contratos utilizados como prueba con inconsistencias evidentes.
• Informes elaborados por investigadores privados, no por equipos oficiales de la Fiscalía.
• Testimonios construidos para incriminarla.
• Falta de investigación sobre otros posibles responsables del manejo de recursos de la Ungrd.

“De peritos privados contratados por Olmedo. Ese tipo de pericias y actuaciones no las hizo la Fiscalía con sus propios equipos; las hicieron los abogados de Olmedo y Sneyder y le llevaron el material a la Fiscalía”, afirmó Ortiz, prometiendo demostrarlo en la audiencia preparatoria del 18 septiembre.

La exconsejera aseguró contar con audios, documentos y registros de conversaciones que, según su versión, desmontarán parte de las acusaciones. También mencionó el asesinato de su expareja, Juan Sebastián Aguilar, aunque aclaró que no posee pruebas que vinculen ese crimen con el Gobierno o la Fiscalía.

“Pido garantías de seguridad para mí y mi familia. Soy inocente y el verdadero foco de las investigaciones debe estar en determinar el destino de los recursos públicos comprometidos en el escándalo de la Ungrd”, concluyó.

Las declaraciones de Ortiz han reavivado la presión sobre figuras cercanas a Petro, como Laura Sarabia y Carlos Ramón González, y anticipan una nueva fase de confrontación política y judicial. El caso de la Ungrd, ya considerado uno de los escándalos de corrupción más relevantes de los últimos años en Colombia, se ve ahora envuelto en una disputa de alto nivel que podría redefinir la percepción pública de la Presidencia y la Fiscalía.