En una reciente entrevista con RTVC Noticias desde Estados Unidos, la abogada Beatriz Quintero reveló la existencia de un presunto plan para asesinar a Salvatore Mancuso a las afueras de la cárcel La Picota en Bogotá. Mancuso, exlíder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se encuentra actualmente detenido en dicha prisión.

Quintero afirmó que hay “rumores” de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) está retrasando intencionalmente la liberación de Mancuso. Según la abogada, esta demora tiene el propósito de permitir que sicarios se preparen para atentar contra la vida de Mancuso en el momento de su liberación. “El Inpec está esperando que un grupo de sicarios se instale a las afueras del Instituto Penitenciario para hacer un atentado en contra de Salvatore Mancuso en el momento en el que sea dejado en libertad”, advirtió Quintero.

Quintero responsabilizó directamente al dragoneante Ferney Ortiz y a toda la cadena de mando del Inpec por la vida de su cliente. Acusó al Inpec de actuar de manera “ilegal y arbitraria” al prolongar la detención de Mancuso, supuestamente para facilitar el plan criminal. La abogada también señaló que la libertad de Mancuso había sido autorizada hace 132 días, y que su liberación no depende de una decisión pendiente de la Corte Constitucional.

La liberación de Mancuso ha sido un tema polémico y enredado en conflictos judiciales. La Corte Constitucional debe resolver un conflicto de competencia entre la Justicia y Paz, que concedió la libertad, y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que la negó. Según Quintero, la juez de ejecución de penas de la justicia transicional reiteró la orden de liberación de Mancuso hace tres meses, pero el Inpec aún no la ha ejecutado.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP volvió a negar la libertad condicional de Mancuso. Este tribunal aceptó a Mancuso tras varias audiencias en las que el exjefe paramilitar detalló las alianzas entre empresarios y miembros de la fuerza pública con las AUC. Mancuso había argumentado que cumplía con los requisitos para la libertad condicional y mencionó su designación como gestor de paz por parte del Gobierno.

Las declaraciones de Quintero han generado preocupación y controversia. La abogada ha insistido en que la situación no solo pone en riesgo la vida de su cliente, sino que también cuestiona la transparencia y legalidad de las acciones del Inpec.