Un entramado de contactos entre altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro y el círculo del contrabandista Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, sacude al Ejecutivo tras la filtración de audios que sugieren intentos de negociación para su entrega a cambio de beneficios judiciales y protección.

Una investigación de Noticias Caracol ha destapado un nuevo escándalo de proporciones en el gobierno de Gustavo Petro, tras revelar audios de conversaciones secretas entre funcionarios cercanos al presidente y el abogado del notorio contrabandista Diego Marín, conocido como ‘Papá Pitufo’. Las grabaciones exponen una red de intermediarios que habrían actuado en nombre del Gobierno para gestionar la entrega del prófugo a cambio de beneficios dentro del marco de la política de “Paz Total”.

Según los audios, el abogado Luis Felipe Ramírez, defensor de Marín, sostuvo múltiples contactos con figuras vinculadas al entorno presidencial, entre ellas Ramón Devesa, un estratega digital catalán cercano al Gobierno. En una de las conversaciones, Ramírez afirma: “Yo tuve otro camino en el cual mandaba al señor presidente que era con el señor Ramón (Devesa), que fue uno de los delegados que él mandó a España”. Devesa, quien ha trabajado con partidos de izquierda en Europa y América Latina, estaría al centro de las negociaciones, aunque también enfrenta acusaciones por parte del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, quien lo señaló de exigir dinero a cambio de un video relacionado con la entrega de 500 millones de pesos a la campaña presidencial de 2022.

Otro de los intermediarios identificados es Isaac Beltrán, exasesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). En los audios, se menciona una reunión clave en abril de 2024, en la que se habría discutido la posibilidad de que ‘Papá Pitufo’ facilitara el control del orden público en ciudades como Buenaventura y Tuluá, a cambio de beneficios judiciales. “Hay demasiadas pruebas para demostrar que la misión en España fue autorizada por el señor presidente de la República”, se escucha en una de las grabaciones.

Además, las conversaciones revelan el papel de Gloria Arias, exfiscal y ahora parte del equipo de defensa de Marín, quien supuestamente actúa como enlace con Augusto Rodríguez. “Cuando me llaman y me dicen: ‘Que supuestamente hay una razón de parte de una señora Gloria’… hasta donde yo tengo entendido, esa doctora es amiga de Augusto”, dice el abogado Ramírez en diálogo con Jorge Lemus, entonces jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Alexander López, exdirector del Departamento Nacional de Planeación hasta febrero de 2025, también aparece mencionado como canal de comunicación. Ramírez admite haber utilizado a López para enviar mensajes al Gobierno: “Alguna vez le mandé razón con Alexander López porque me conoce”.

El objetivo de estas gestiones habría sido lograr que Marín, prófugo en España, aceptara entregarse a la justicia colombiana bajo condiciones especiales: evitar su extradición, obtener un “bajo perfil” en el sistema judicial y garantías de seguridad. Incluso, Lemus insinuó que el Gobierno podría influir en decisiones de la Fiscalía: “Podríamos hablar algo dentro de la Fiscalía para favorecer el proceso”.

El caso cobra mayor relevancia al estar vinculado a las investigaciones por presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de 2022. Marín es señalado de haber aportado 500 millones de pesos al proceso electoral, dinero que supuestamente provendría del contrabando y el narcotráfico.

Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido una declaración oficial contundente sobre los audios. Sin embargo, la presión política y judicial aumenta, mientras la Fiscalía y la Procuraduría analizan las pruebas para determinar eventuales responsabilidades.

Este escándalo no solo pone en jaque la credibilidad del Ejecutivo, sino que reabre el debate sobre los límites de la política de “Paz Total” y el riesgo de negociar con actores ilegales sin garantías institucionales claras. Con el país en alerta, las próximas semanas podrían definir el rumbo de uno de los capítulos más polémicos del gobierno de Gustavo Petro.