La Registraduría Nacional del Estado Civil recibió oficialmente el decreto presidencial mediante el cual Gustavo Petro convoca a los colombianos a una consulta popular programada para el 7 de agosto de 2025. El documento marca el inicio de un proceso electoral que enfrenta múltiples cuestionamientos jurídicos y políticos.

Tras la notificación formal, la entidad electoral iniciará el análisis jurídico y presupuestal correspondiente para determinar la viabilidad del procedimiento. El registrador nacional, Hernán Penagos, tendrá la responsabilidad de evaluar si procede o no la convocatoria ciudadana.

La decisión de Penagos será crucial, ya que podrá aplicar la “excepción de inconstitucionalidad” para abstenerse de ejecutar el decreto si considera que vulnera preceptos constitucionales. Esta figura jurídica le permitiría suspender el proceso electoral hasta que los altos tribunales se pronuncien sobre la legalidad del acto administrativo.

Nueve partidos políticos presentaron una solicitud formal al registrador para detener la consulta popular. Los partidos de oposición argumentan que el decreto viola el Estado Social de Derecho, el Principio de Soberanía Popular y el debido proceso.

La principal objeción se centra en el “obligatorio acatamiento de la decisión del Senado de la República de negar la consulta popular” que fue radicada el 1 de mayo de 2025 por el Gobierno Nacional. Los opositores sostienen que, sin el concepto favorable del Senado, la convocatoria carece de fundamento legal.

El expresidente César Gaviria se sumó a las voces críticas, asegurando que “el Gobierno no puede inventarse que el Senado emitió un concepto favorable. Eso no ocurrió, y sin ese requisito, la consulta es inconstitucional”.

Esta declaración refuerza los argumentos de quienes consideran que el procedimiento no cumple con los requisitos constitucionales establecidos para este tipo de mecanismos de participación ciudadana.

El panorama legal se complica con las múltiples acciones interpuestas ante diferentes instancias judiciales. El Consejo de Estado ha recibido ocho demandas de nulidad y una acción de tutela contra el decreto presidencial.

Paralelamente, en la Corte Constitucional, la senadora Paloma Valencia solicitó la suspensión provisional del decreto mientras se adelanta el estudio de fondo sobre su constitucionalidad. Esta medida cautelar podría paralizar temporalmente el proceso electoral.

Si la Registraduría decide aceptar el decreto presidencial, deberá seguir un protocolo específico. El primer paso consistirá en expedir el calendario electoral que regirá el proceso de consulta popular.

Posteriormente, la entidad deberá solicitar al Ministerio de Hacienda los recursos económicos necesarios para garantizar la instalación de todas las mesas de votación tanto en territorio nacional como en las sedes consulares en el exterior.

Con información de wradio y caracol radio