El Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, cerró el año 2024 con el anuncio de un presupuesto de 511 billones de pesos para 2025, que incluye un recorte significativo de más de 12 billones de pesos en el gasto. Este ajuste presupuestal ha generado preocupación en diversas regiones del país, especialmente en sectores como seguridad, educación, salud y programas sociales clave.

Diego Arias, exintegrante del M-19 y analista político, advirtió sobre el impacto de estos recortes en seguridad y orden social en el Valle del Cauca. Según Arias, el gobierno departamental deberá buscar estrategias para minimizar el impacto en derechos fundamentales como salud y educación, áreas que podrían verse seriamente comprometidas.

El economista Joseph Daccaret analizó las implicaciones para Barranquilla, donde la falta de alineación política entre el Presidente y las autoridades locales ha generado un flujo reducido de recursos del Gobierno central. Esto ha obligado al departamento y la ciudad a recurrir a endeudamientos para financiar proyectos clave, un desafío que se intensificará con el recorte.

Hugo Kerguelén, alcalde de Montería, expresó su preocupación por el futuro de proyectos estratégicos que dependen de la cofinanciación nacional. Entre ellos se destacan el mejoramiento de 600 viviendas con una inversión de 9.000 millones de pesos y la construcción del tercer puente de Montería, valorado en 68.000 millones de pesos.

Suspensión del programa ‘Colombia sin Hambre’

El programa ‘Colombia sin Hambre’, una línea de intervención del proyecto Renta Ciudadana, enfrenta la suspensión de giros. Este programa busca reducir la pobreza extrema y el hambre en Colombia, asignando hasta 500.000 pesos cada 45 días a familias vulnerables, incluyendo hogares indígenas y aquellos con niños y adolescentes entre 6 y 17 años.

En Bogotá, la cancelación de este programa afectará gravemente a los hogares en situación de pobreza extrema, dejando a miles de familias sin un beneficio mensual crucial para su supervivencia. Este ajuste incrementa la presión sobre las autoridades locales para atender las necesidades de los más vulnerables.

El recorte presupuestal plantea desafíos significativos para las regiones y los programas sociales en Colombia. Con sectores críticos como seguridad, educación y salud en riesgo, las autoridades locales y departamentales deberán buscar alternativas para garantizar la continuidad de proyectos esenciales y mitigar el impacto en las comunidades más afectadas.