La Fiscalía General de la Nación anunció la reactivación de las órdenes de arresto contra siete miembros de la disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), conocida como Comuneros del Sur, quienes previamente se desempeñaban como representantes en el proceso de diálogo con el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Esta decisión llega después de que el actual gobierno, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, suspendiera las conversaciones de paz con este grupo, dejando sin sustento legal la representación de los negociadores.

Los afectados por esta medida incluyen a figuras clave como Oliverio Orfilio Pai Rodríguez, alias “Chuki”; Gabriel Yepes Mejía, conocido como “HH”; Lorena Vanesa Sevillano Ortiz, alias “Taliana”; Santo Eligio García Natascuas, apodado “Santos”; Jaime Eduardo Álvarez Riascos, conocido como “Lalo”; además de Leidy Paola Tapia Benavides y Víctor Alfonso Rodríguez Cantizuz. La reactivación de las órdenes de captura se oficializó mediante la Resolución Presidencial 365 del 3 de septiembre de 2026, la cual retiró el reconocimiento legal a los representantes de Comuneros del Sur en las negociaciones.

La Fiscalía aclaró que, respecto a otras personas incluidas en las solicitudes de la Presidencia, no procede la reactivación de órdenes de captura, ya sea porque estas ya estaban activas o nunca fueron suspendidas. La comunicación con las autoridades de policía judicial ya se realizó para la implementación de esta decisión.

Este giro en los acontecimientos se produce poco después de que el gobierno decidiera cancelar los acercamientos de paz con los Comuneros del Sur, retirando además a los negociadores designados por el Estado. Las negociaciones con esta organización habían comenzado formalmente en 2024, y un año más tarde, se llevó a cabo una primera entrega de armas por parte del grupo, junto con el traslado de 90 de sus miembros a una zona de ubicación temporal en Mallama, Nariño.

Cabe destacar que Gabriel Yepes, alias “HH”, el máximo líder de los Comuneros del Sur, enfrenta una orden de extradición a los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. La decisión de reactivar las órdenes de captura contra los exnegociadores de paz marca un nuevo capítulo en las complejas relaciones entre el gobierno y los grupos armados organizados en Colombia, tras el desmonte de la llamada “paz total” impulsada por la administración anterior.

La comunidad nacional e internacional observa con atención los próximos pasos del gobierno de Abelardo de la Espriella en materia de política de paz y seguridad, esperando que las decisiones tomadas contribuyan efectivamente a la estabilidad y el desarrollo del país.