La COP16 sobre biodiversidad se celebra en Cali, Colombia, y ha finalizado su primera semana de negociaciones en la llamada “zona azul” del Centro de Eventos Valle del Pacífico. En esta cumbre, a la que asisten representantes diplomáticos de todo el mundo, el objetivo central es establecer mecanismos globales para frenar la pérdida acelerada de biodiversidad, una meta ambiciosa que ha reunido a líderes internacionales y expertos en medio ambiente.

A lo largo de los primeros días, las delegaciones internacionales han sostenido largas jornadas de debate con el propósito de afinar sus compromisos. El inicio de la segunda semana marca un momento crucial, en el cual se espera la llegada de seis jefes de Estado, 110 ministros y 23 viceministros, lo que incrementa la presión para alcanzar acuerdos sólidos.

Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia

Uno de los puntos más destacados de esta primera semana fue la presentación del Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia. De los 35 países que han presentado sus planes nacionales de biodiversidad hasta la fecha —que representan el 18% de los miembros de la COP—, Colombia destacó como uno de los pocos países megadiversos en entregar su plan al inicio de la cumbre, con ambiciosas metas como incrementar la contribución de la biodiversidad al 3% del PIB y reconvertir 5 millones de hectáreas a modelos de producción sostenible.

Claudia Vásquez, directora de The Nature Conservancy en Colombia, comentó que el plan colombiano está alineado con las prioridades del gobierno, las cuales abarcan desde la planificación del uso de la tierra hasta la lucha contra actividades ilegales que afectan la biodiversidad. En contraste, otros países como Brasil y Perú, grandes actores en la región amazónica, aún no han entregado sus planes, aunque Perú espera presentar el suyo antes del cierre del evento.

El reto del financiamiento

Uno de los temas clave que ha generado controversia es el financiamiento. La COP16 se enmarca en el contexto del Marco Kunming-Montreal 2022, que establece metas financieras como la eliminación de subvenciones perjudiciales para la biodiversidad en al menos 500 mil millones de dólares anuales y la movilización de 200 mil millones para el 2030. Actualmente, el principal fondo de financiamiento para biodiversidad es el Fondo Marco Mundial para la Diversidad Biológica (GBFF, por sus siglas en inglés), que cuenta con aportes de países y donaciones de ONG.

Sin embargo, la falta de consenso en torno a la creación de un nuevo fondo ha generado tensiones entre los países. Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, señaló que, aunque se apruebe un nuevo fondo, es probable que los donantes sigan siendo los mismos. La ejecución del Plan de Acción de Colombia también depende de financiamiento: el gobierno estima que requerirá una inversión de 10,9 billones de pesos al año hasta 2030.

Otra iniciativa presentada por Colombia es la “coalición de Paz con la Naturaleza”, un compromiso que busca un cambio en el modelo económico mundial hacia uno que no priorice la explotación de los recursos. Este documento de 22 puntos hace un llamado a “cambiar la relación entre los seres humanos y la naturaleza”. Para respaldarlo, Colombia ha sumado los apoyos de países como Uruguay, México, Ecuador, Madagascar y Uganda, aunque enfrenta resistencias, principalmente de delegaciones como la de Brasil.

En otro frente, Colombia impulsa la inclusión de los pueblos afrodescendientes en el Convenio de Biodiversidad, ampliando la categoría de “pueblos indígenas y comunidades locales”. Este cambio busca reconocer formalmente las contribuciones ambientales de los afrodescendientes y asegurar recursos para su protección. La diplomacia colombiana, representada por Pedro León Cortés, ha negociado con países africanos, logrando avances en esta propuesta, aunque Canadá mantiene reservas sobre su inclusión en los documentos oficiales.

La delegación colombiana también busca promover una declaración sobre “prácticas mineras responsables” como una iniciativa voluntaria que se presentará el 29 de octubre. Los puntos principales de la declaración incluyen la creación de un grupo de trabajo sobre minería sostenible y la cooperación internacional para manejar el impacto ambiental de los minerales clave para la transición energética, un tema que Colombia espera conectar con la COP30 en Belém, Brasil.

Otro tema de discusión es la regulación del acceso a los recursos genéticos y su uso en sectores como el farmacéutico y cosmético, con la opción “B” como la más viable. Las comunidades indígenas también abogan por un mecanismo financiero que les permita recibir directamente los recursos para sus labores de conservación, sin depender de la intermediación gubernamental. Además, buscan incluir la creación y ampliación de sus territorios como un indicador de conservación, dado que ellos han protegido el 80% de los ecosistemas en buen estado.

Un obstáculo inesperado en las negociaciones es la falta de consenso en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). La ausencia de líderes como el presidente de Brasil, Lula da Silva, y la presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha complicado la elección del secretario general. Sin un líder, la OTCA enfrenta dificultades para coordinar sus políticas en biodiversidad y clima, perdiendo una oportunidad clave para unir esfuerzos en la región amazónica.

La segunda semana de la COP16 será decisiva para consolidar estos acuerdos y definir acciones concretas en la protección de la biodiversidad a nivel global.