La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Sección Quinta del Consejo de Estado confirmar la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general de la Nación, rechazando la demanda que pretende anular su nombramiento para el periodo 2024-2028.

El ente de control presentó su concepto jurídico defendiendo la legalidad del proceso de selección, tras las alegaciones de irregularidades presentadas por los demandantes que buscan la nulidad electoral de la actual jefe de la Fiscalía.

El Ministerio Público consideró que no se presentaron inconsistencias en el proceso de votación ni en la conformación de la terna, contrario a los planteamientos de los accionantes. Entre los cuestionamientos rebatidos se encuentra la supuesta desintegración de la terna tras la renuncia de la candidata Amelia Pérez.

La Procuraduría argumentó que la elección no fue viciada porque la Corte Suprema de Justicia tuvo en cuenta a las tres candidatas al momento de la votación. “La elección se llevó a cabo en torno a tres candidatas incluida la eventual dimitente Amelia Pérez Parra (…) La presentación del acto unilateral de renuncia, libre y espontánea no se efectuó ante el órgano que la postuló y se impuso el respeto por el mandato constitucional”, concluyó el ente de control.

El concepto de la Procuraduría descartó los planteamientos que alegaban falta de cuota de género masculino en una terna conformada por tres mujeres. El organismo consideró que este argumento carece de fundamento legal para invalidar el proceso de selección.

Respecto a las supuestas presiones ejercidas contra los magistrados para que no votaran por Amelia Pérez, la Procuraduría se amparó en las conclusiones de la propia Corte Suprema de Justicia, que negó cualquier apremio, acoso externo o sesgo en contra de la candidata renunciante.

Para el ente de control, “el proceso de selección obedeció a un trámite normal de escogencia al interior de un cuerpo colegiado, en el que las candidaturas oscilaron hasta que se abrió el camino por quien se consideró la persona más idónea para el cargo, y, por consiguiente, obtuvo los votos para ser elegida”.

La Procuraduría enfatizó que la elección de Camargo se desarrolló conforme a los parámetros constitucionales y legales establecidos, sin que las circunstancias alegadas por los demandantes configuren vicios que ameriten la anulación del nombramiento.

El Consejo de Estado admitió las demandas que piden anular el nombramiento de Luz Adriana Camargo como Fiscal General, aunque no accedió a las medidas cautelares solicitadas que buscaban su suspensión provisional del cargo mientras se resolvía el proceso.

Los demandantes alegaron irregularidades relacionadas con amenazas a magistrados de la Corte Suprema, problemas en la conformación de la terna y presiones indebidas durante el proceso de elección que culminó con la designación de Camargo para el período 2024-2028.

Con información de wradio