La Procuraduría General de la Nación, bajo la dirección de Gregorio Eljach, presentó un concepto favorable ante la Corte Constitucional solicitando declarar exequible la Ley 2381 de 2024, correspondiente a la reforma pensional impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El documento, que ya se encuentra en el despacho del presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, sostiene que no se cometieron vicios de procedimiento durante la aprobación de la reforma en la Cámara de Representantes.

“La Cámara de Representantes satisfizo el principio de publicidad en el cuarto debate”, afirmó el procurador auxiliar Javier Camilo Fernández Velandia, quien destacó que el texto aprobado fue debidamente publicado, distribuido físicamente y explicado a los congresistas con antelación.

Este nuevo concepto contrasta con el emitido inicialmente por la exprocuradora Margarita Cabello, quien había solicitado tumbar la reforma pensional. Sin embargo, ese primer dictamen quedó sin efecto luego de que la Corte no resolviera un impedimento presentado por una de las magistradas que solicitaba apartarse de la discusión.

El Ministerio Público reconoció que durante el debate del 14 de junio de 2024 se presentaron múltiples proposiciones y protestas, pero concluyó que esto no constituyó una “elusión del debate” ni derivó en una votación sin garantías.

“El debate se prolongó por tres días con intervención de diversas bancadas, incluyendo la oposición”, señala el documento.

Un elemento fundamental en el concepto del procurador Eljach es que la reforma pensional ya ha tenido efectos concretos: más de 40 mil personas han trasladado sus ahorros pensionales de fondos privados a Colpensiones.

El procurador advierte que revertir estas operaciones podría resultar complejo y generar litigios si los fondos privados, que ya entregaron las sumas ahorradas a Colpensiones, alegan la improcedencia de dichos traslados por una eventual declaratoria de inconstitucionalidad.

El concepto también hace referencia a las expectativas creadas en “millones de colombianos con escasos medios económicos y precariedad laboral” que esperan recibir un auxilio económico en su vejez, beneficio que el régimen pensional anterior no contemplaba.

Eljach señala que “el país requiere imperiosamente de una reforma pensional” y destaca que “todos los expertos, desde distintas orillas ideológicas y políticas, coinciden en afirmar la insostenibilidad financiera del régimen actual”.

En caso de que el alto tribunal encuentre vicios en el trámite legislativo, el procurador solicita que se utilicen mecanismos de subsanación de procedimiento o que se otorguen efectos diferidos a la sentencia. Esto permitiría al Congreso corregir las irregularidades o tramitar una nueva reforma pensional sin desconocer los derechos ya adquiridos y la seguridad jurídica derivada de la Ley 2381.

Con información de bluradio y ámbito juridico