El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, expidió la Directiva 015 del 9 de septiembre de 2025, mediante la cual ordena a todas las entidades del Estado reforzar y articular acciones urgentes para prevenir el reclutamiento, uso y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados (GAO) y grupos delictivos organizados (GDO). La medida responde al “crecimiento desmesurado” de este crimen desde 2016.

Según la Procuraduría, las políticas públicas actuales muestran debilidades en los niveles nacional, departamental y municipal, lo que ha permitido que el reclutamiento siga afectando a miles de menores en diferentes regiones del país. El documento advierte que este delito constituye una grave violación de los derechos humanos y una infracción al derecho internacional humanitario, por lo que exige una respuesta contundente y articulada.

Cifras alarmantes del reclutamiento infantil

El Ministerio Público sustentó la directiva con cifras de distintas instituciones. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estableció que 18.677 menores fueron reclutados por las FARC durante el conflicto armado. La Unidad de Víctimas reporta 10.421 casos de vinculación de niños y adolescentes a grupos armados con corte a julio de 2025.

Más recientemente, la Defensoría del Pueblo documentó 847 casos entre 2022 y julio de 2025. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por su parte, informó que en el mismo periodo 1.023 menores se desvincularon de grupos armados e ingresaron a programas de restablecimiento de derechos. De ellos, el 81 % había sido reclutado por Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR), el 10 % por el ELN y el 7 % por el Clan del Golfo. El informe también reveló que 334 víctimas eran indígenas y que la mayoría tenía entre 13 y 17 años.

La Procuraduría identificó como causas principales la pobreza, la violencia intrafamiliar, la falta de oportunidades en educación y salud, y la escasa presencia estatal en zonas rurales. A estas se suman nuevas estrategias de captación que incluyen el engaño con falsas ofertas laborales y el uso de redes sociales como TikTok y Facebook, donde circulan contenidos que normalizan la guerra para atraer a los jóvenes.

Medidas ordenadas por la Procuraduría

El procurador Eljach exigió a la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento (CIPRUNNA) y a las entidades competentes formular un plan de acción anual con metas claras, garantizar financiamiento para las políticas públicas y aplicar un enfoque diferencial para proteger a la niñez.

Entre las instrucciones más relevantes está el diseño de un sistema único de información sobre reclutamiento y desvinculación, la creación de canales de denuncia anónima y la coordinación con Fiscalía y Policía para identificar los mensajes en plataformas digitales usados por los grupos ilegales.

La directiva también ordena a gobernadores y alcaldes incluir programas de prevención en sus Planes de Desarrollo Territorial, asignar presupuestos específicos y responder de manera inmediata a las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. En los municipios con mayor riesgo deberán implementar rutas y protocolos de protección en un plazo máximo de tres meses.