La Procuraduría General de la Nación ha ordenado la práctica de 15 pruebas cruciales en el marco de la indagación preliminar contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en la investigación del presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

Entre las medidas más destacadas se encuentra una visita de inspección para determinar las visitas de congresistas a la UNGRD, así como el registro de reuniones entre el exdirector de la entidad, Olmedo López, y una asesora del ministro Bonilla.

El Ministerio Público ha ampliado el alcance de su investigación, solicitando inspecciones a la Fiscalía General de la Nación y a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Además, se ha requerido información detallada sobre los procesos contractuales llevados a cabo en 2023 y 2024 en los municipios de Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar.

Un aspecto particularmente relevante de la investigación se centra en los presuntos vínculos entre congresistas y la UNGRD. La Procuraduría ha ordenado: “Practicar inspección disciplinaria a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia al proceso adelantado en contra de los Congresistas Wadith Manzur, Julio Elías Chagüi, Karen Astrih Manrique, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz y Juan Pablo Gallo, en relación con los presuntos hechos de corrupción en la UNGRD”.

Asimismo, se ha solicitado a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales que realice una inspección al Ministerio de Hacienda para verificar los ingresos del exdirector de la UNGRD al despacho del ministro Bonilla.

Como parte de estas diligencias, la Procuraduría ha citado a declarar a María Alejandra Benavides, exasesora del ministro Bonilla, y a Jaime Ramírez Cobo, asesor de presidencia.