La Procuraduría General de la Nación entregó un delicado informe tras su segunda visita administrativa en menos de un mes a la Imprenta Nacional, donde detectó serios problemas de improvisación y riesgo alto para la continuidad del servicio de pasaportes en el marco del convenio tripartito con Portugal valorado en 1,3 billones de pesos.

Durante la inspección realizada este miércoles 6 de agosto por el procurador Marcio Melgosa, el Ministerio Público identificó múltiples irregularidades en el proceso contractual entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.

Entre los principales hallazgos se encuentran la presentación de documentos sin fundamento, aparente desconocimiento del manual de contratación de la Imprenta Nacional, falta de estudios previos y respuestas “contradictorias y poco convincentes” de parte de los funcionarios, comenzando por la gerente Viviana León.

La diligencia busca esclarecer irregularidades mientras el contrato actual vence en 25 días y crece la demanda diaria de documentos.

La Procuraduría señaló graves fallas en la estructuración financiera del convenio. Para compromisos valorados en más de 1,3 billones de pesos, se proyectó el uso de vigencias futuras hasta 2036 sin contar con la autorización del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) ni con un documento CONPES que avale tales vigencias.

“En la solicitud del sustento fiscal y financiero para adquirir compromisos por más de 1,3 billones de pesos, el ente de control encontró que se proyectó el uso de vigencias futuras hasta 2036 sin tener la autorización del CONFIS y de un documento CONPES”, indicó el órgano de control.

El Ministerio Público cuestionó que no se presentara ante la Junta Directiva el procedimiento o los cálculos para estimar el valor del contrato. Ante las inquietudes por la ausencia de actas de sesiones de la Junta Directiva y sus correspondientes firmas, que debían celebrarse previamente a la suscripción del acuerdo, la gerente de la Imprenta Nacional no proporcionó respuestas claras ni satisfactorias.

“El equipo de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, encontró documentos sin fundamentos y otros que pusieron de presente la falta de aplicación del manual de contratación de la Imprenta, frente a la metodología, planeación, estudios previos y técnicos para la firma de dicho acuerdo”, indicó el Ministerio Público.

La Procuraduría advirtió que todo lo hallado apunta a una grave improvisación en la celebración del acuerdo tripartito y que esto “pone en riesgo la expedición de los pasaportes y graves afectaciones a los derechos de los colombianos”.

El contrato vigente con la firma Thomas Greg & Sons, adjudicado en octubre de 2024 bajo la figura de urgencia manifiesta, tiene un valor de 206.000 millones de pesos y expirará en agosto de 2025.

El Gobierno nacional había anunciado previamente la firma de un convenio con Portugal para garantizar la continuidad en la expedición de pasaportes, pero las irregularidades detectadas por la Procuraduría ponen en duda la viabilidad del proceso.