La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por nueve años a Natalia Martínez Pardo, exdirectora general del Instituto Nacional para Sordos (Insor), por omitir la aplicación del porcentaje de participación mínima de la mujer en la designación de cargos decisorios durante 2019 y 2020.

De acuerdo con el Ministerio Público, la inhabilitación impide a Martínez Pardo, quien ocupó el cargo entre 2019 y 2022, ejercer funciones públicas por el período definido. “El interés del legislador con la Ley de Cuotas es que la mujer supere la baja participación en los niveles de decisión del Estado, además, de erradicar las prácticas discriminatorias en estos escenarios,” informó la entidad.

La Procuraduría evidenció que en 2019 ninguna mujer fue nombrada en los dos puestos de subdirectora general disponibles en el Insor, mientras que en 2020, solo una mujer fue designada en uno de estos puestos, únicamente para un periodo parcial comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, incumpliendo los requerimientos legales.

“La Constitución Política establece que ‘mínimo el 30 % de los cargos de otros niveles decisorios (…) serán desempeñados por mujeres’, una regla que no fue cumplida bajo la dirección de Martínez Pardo,” señaló la entidad de control.

La procuraduría delegada de Juzgamiento 3 calificó la conducta como una falta gravísima, cometida a título de culpa gravísima, subrayando que la disciplinada omitió adelantar “las acciones pertinentes para promover la igualdad de género” y enfatizando en que el objetivo de la norma “es que la mujer supere la baja participación en los niveles de decisión del Estado”.

Contra esta decisión procede un recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría, permitiendo a Martínez Pardo responder ante la sanción impuesta.

En un concepto reciente, la procuradora Margarita Cabello Blanco señaló que las cuotas de género son “mecanismos de discriminación positiva, que de manera racional promueven la participación de las mujeres en entornos en los que históricamente han sido excluidas”.

Mientras tanto, la Corte Constitucional declaró exequible un proyecto de ley que aumenta la participación obligatoria de mujeres en cargos directivos del Estado del 30% al 50%, ordenando además paridad de género en delegaciones oficiales internacionales.