El presidente Abelardo De La Espriella ha anunciado una operación conjunta entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para frenar el robo de combustibles que, según datos oficiales, se estima que asciende a 123 700 barriles mensuales y que alimenta la producción ilícita de cocaína en el país. La medida, descrita como “absolutamente alarmante”, busca desmantelar la cadena criminal que conecta el hurto de hidrocarburos con el narcotráfico y la financiación de grupos armados.

El mandatario explicó que, si el ritmo actual se mantiene, el volumen hurtado superará 1,5 millones de barriles anuales, generando pérdidas superiores a 500 mil millones de pesos para Ecopetrol y la nación. La cifra se basa en el poliducto de 14 pulgadas que conecta Pozos Colorados, en Santa Marta, con el interior del país, con pérdidas concentradas en los departamentos de Cesar y Magdalena. Según la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, el consumo diario de gasolina oscila entre 145 000 y 156 000 barriles, lo que convierte al robo en un problema de magnitud nacional.

De La Espriella afirmó que los hidrocarburos hurtados son utilizados como insumos en el procesamiento de cocaína. “Si confirmamos que gran parte de este combustible alimenta los complejos de producción de cocaína, entonces no estamos frente a un robo a Ecopetrol, sino a una cadena criminal que conecta el hurto de hidrocarburos con el narcotráfico y la financiación de organizaciones armadas terroristas”, advirtió el presidente. El mandatario pidió determinar cuántos de los barriles robados terminan en las cadenas del narcotráfico y qué organizaciones están detrás de su adquisición y transporte.

El presidente describió la logística de los ladrones como “caravanas de la muerte”, con movilizaciones de hasta 600 vehículos que transportan el combustible robado, muchos de ellos con destino al Catatumbo. Esta región, conocida por su actividad ilícita, se ha convertido en un punto crítico para la distribución de la droga. La operación militar propuesta incluirá inteligencia, control territorial y extinción de dominio sobre vehículos, predios y depósitos utilizados por las organizaciones criminales.

El presidente recordó ataques anteriores a la infraestructura de transporte de crudo, como el Oleoducto Trasandino (OTA) y el Caño Limón‑Coveñas, donde se han producido rupturas y derrames provocados por acciones ilícitas. En abril de 2019, un ataque con explosivos rompió una sección del OTA en Barbacoas, Nariño, y en el mismo periodo Ecopetrol activó un plan de contingencia tras un derrame en Tibú, Norte de Santander. Aunque el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha atacado con frecuencia la infraestructura petrolera, la petrolera no atribuyó formalmente el ataque a ningún grupo armado.

El Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la ONUDD señala que la producción mundial de cocaína alcanzó 3 708 toneladas en 2023, con un incremento del 34 % respecto al año anterior. La superficie de cultivo de hoja de coca en Colombia alcanzó 253 000 hectáreas, seis veces el área total de Medellín. Las regiones con mayor incremento de cultivos se ubican en el suroeste, donde operan disidencias de las Farc que controlan gran parte de la economía ilegal.

De La Espriella pidió una operación conjunta articulada con Ecopetrol, la Fiscalía y otras autoridades competentes para atacar de manera integral la economía criminal. “No quiero que persigamos solamente al que perfora el tubo. Hay que desmantelar toda la cadena: quién financia, quién hurta, quién almacena, quién transporta, quién escolta, quién compra y quién comercializa”, afirmó el presidente. El ministro de Defensa debe coordinar personalmente la operación y presentar informes periódicos de avance.