El presidente Abelardo de la Espriella condenó enérgicamente el secuestro de tres integrantes de la Policía Nacional, ocurrido mientras se desplazaban por la vía que conecta Ocaña con Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander. El mandatario ordenó movilizar todas las capacidades de la Fuerza Pública para localizar a los uniformados y capturar a los responsables.

Las víctimas fueron identificadas como el mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edison Yesid Medina Traslaviña, miembros de la Comisión Norte de Santander del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN). Los agentes desaparecieron durante un traslado rutinario entre ambas ciudades, una zona históricamente afectada por la presencia de grupos armados ilegales.

“He ordenado desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para encontrarlos, traerlos de regreso sanos y salvos y capturar a los responsables de este acto criminal”, afirmó el jefe de Estado en una declaración oficial. De la Espriella también lanzó una advertencia directa a los perpetradores: “A nuestros policías y soldados se les respeta. Quienes se atrevan a atentar contra ellos sentirán todo el peso de la ley”.

El Ministerio de Defensa, por su parte, atribuyó el hecho a una retaliación de grupos armados ilegales que operan en la región del Catatumbo y Norte de Santander. En un comunicado, la cartera señaló que el secuestro sería una respuesta a los recientes resultados operacionales obtenidos por las Fuerzas Militares y la Policía en esa zona del país. “Este hecho constituye una retaliación de los grupos armados ilegales frente a los contundentes resultados operacionales alcanzados”, indicó el ministerio.

La entidad también recordó que, en el marco de la coalición A3C, Colombia ha sostenido conversaciones con Estados Unidos y otros países miembros para fortalecer la cooperación en el control fronterizo con Venezuela. Asimismo, responsabilizó a los grupos armados por la vida, integridad y seguridad de los policías secuestrados, exigiendo su respeto inmediato conforme al Derecho Internacional Humanitario.

“A los grupos armados ilegales les decimos con absoluta contundencia: el Estado no se intimida ni retrocede ante el secuestro y la violencia”, afirmó el Ministerio de Defensa, que advirtió que quienes atenten contra policías y soldados deberán responder ante la justicia. La cartera aseguró que el Estado utilizará todas sus capacidades institucionales para enfrentar este tipo de hechos.

El secuestro de los tres uniformados ha generado una amplia condena en el país y ha puesto nuevamente en el foco la inseguridad en las carreteras de Norte de Santander, una región estratégica para el narcotráfico y la presencia de disidencias de las FARC y el ELN. Las autoridades no han confirmado si existe alguna exigencia de rescate ni han revelado avances en las labores de búsqueda, aunque fuentes oficiales aseguran que los operativos se intensifican en la zona.

Mientras tanto, las familias de los agentes esperan noticias con angustia, mientras el Gobierno reitera su compromiso de no ceder ante la violencia. La orden presidencial es clara: encontrar a los policías y llevar ante la justicia a los responsables, sin importar el costo operativo.