El proyecto de ley que buscaba modificar el sistema electoral colombiano fue declarado inexequible por la Corte Constitucional debido a vicios de procedimiento. La decisión, unánime y con ponencia de los magistrados Cristina Pardo y Antonio José Lizarazo, pone fin a una iniciativa que acumulaba tres propuestas legislativas y que fue objeto de intenso debate en el Congreso de la República.

El proyecto, que había sido impulsado por el exregistrador Alexander Vega y que buscaba enmendar artículos objetados previamente por la Corte en 2022, fue tumbado debido a varios vicios en su trámite. Entre los más destacados, el Congreso no realizó la consulta previa obligatoria con las comunidades indígenas, un paso esencial para proyectos que afectan a grupos étnicos en el país. Además, la Corte señaló que no se evaluó adecuadamente el impacto fiscal de la reforma, a pesar de que esta implicaba la creación de nuevos cargos y la implementación de tecnologías costosas.

El Ministerio de Hacienda había estimado que la implementación del nuevo Código Electoral tendría un costo aproximado de 10,5 billones de pesos. Este monto incluía 204.403 millones para delegados de la Registraduría, entre 639.000 y 698.000 millones para identificación biométrica, y 93,4 millones por mesa para el voto electrónico mixto. Estos costos fueron uno de los puntos de mayor controversia durante el debate en el Congreso.

La Misión de Observación Electoral (MOE) también criticó varios aspectos del proyecto, destacando que catalogar las actividades de la Registraduría como de seguridad y defensa nacional podría restringir el acceso a la información y dificultar el control político. Además, la MOE señaló problemas en la auditoría del software electoral y la falta de transparencia en los resultados.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación había solicitado a la Corte avalar el proyecto, pero con la condición de limitar las inhabilidades para cargos públicos a condenas penales, excluyendo sanciones disciplinarias y fiscales como causales de inhabilidad. Sin embargo, la Corte no acogió esta propuesta y optó por declarar inexequible el proyecto en su totalidad.

Entre los cambios que proponía la reforma al Código Electoral se incluían la ley de cuotas de género, la inclusión de nuevas tecnologías, la ampliación del horario para votar y el registro civil para comunidades étnicas. Sin embargo, estos cambios no llegarán a implementarse debido a la decisión de la Corte.

Contexto y antecedentes

No es la primera vez que la Corte Constitucional tumba un intento de reformar el sistema electoral. En 2020, un articulado similar fue aprobado por el Congreso, pero en abril de 2021 la Corte lo declaró inexequible por vicios de forma en su trámite legislativo. En esta ocasión, la Corte reiteró que el Congreso volvió a cometer errores en el proceso, lo que llevó nuevamente a la anulación del proyecto.

La sentencia C-340 de 2024, en la que se basa esta decisión, resalta la necesidad de cumplir rigurosamente con los procedimientos legislativos, especialmente en reformas tan importantes como la del sistema electoral, vigente en Colombia desde el siglo pasado.