La Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo se pronunciaron este jueves tras el anuncio del ELN de someter a un supuesto “juicio revolucionario” a los uniformados y funcionarios secuestrados en los departamentos de Arauca y Norte de Santander.

La institución policial responsabilizó directamente al grupo guerrillero por la vida e integridad del subintendente Franklin Esley Hoyos Murcia y el patrullero Jordi Fabián Pérez Mendoza, secuestrados el pasado 20 de julio de 2025 en una vía del municipio de Tame, Arauca. “La institución responsabiliza al ELN por la integridad y la vida de los señores subintendente Franque Esley Hoyos Murcia y patrullero Fabián Pérez Mendoza”, señaló el comunicado.

Asimismo, la Policía agradeció los esfuerzos de los organismos nacionales e internacionales que han trabajado por la liberación de los uniformados y reiteró su llamado al ELN para que los devuelva de manera inmediata y sin condiciones.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación exigió la liberación inmediata e incondicional de sus funcionarios Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, secuestrados desde el pasado 8 de agosto. La entidad rechazó que el grupo armado condicione la libertad de sus servidores a un “canje humanitario”, asegurando que “no se trata de fichas de cambio”.

La Fiscalía recordó que ambos son miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscritos a la Dirección de Protección y Asistencia, encargados de labores judiciales y de protección a víctimas y testigos, lo que los convierte en civiles amparados por el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

La Defensoría del Pueblo también condenó las acciones del ELN y reiteró que las personas secuestradas son civiles. “Aunque prestan funciones de seguridad y justicia, no son combatientes ni pertenecen a las Fuerzas Armadas del Estado colombiano”, afirmó la entidad en un comunicado.

Además, recordó que la libertad de las personas secuestradas debe ser inmediata e incondicional. “El principio de humanidad es la piedra angular del Derecho Internacional Humanitario y ningún grupo armado puede justificar sus actos con razones políticas, militares o ideológicas cuando estos implican violaciones a los derechos humanos y al DIH”, subrayó.

La Defensoría exigió la liberación inmediata de todos los funcionarios retenidos y el cese de cualquier amenaza, juicio o trato degradante en su contra. También instó al Gobierno Nacional, al Alto Comisionado para la Paz y a los organismos internacionales a redoblar los esfuerzos diplomáticos y humanitarios que permitan su pronta liberación.