El reciente retiro de varios generales del Ejército Nacional, quienes no recibieron el ascenso a mayor general, ha avivado un debate sobre la presunta influencia de grupos guerrilleros en las decisiones de la Fuerza Pública. La situación se centra en el caso del general Óscar Leonel Murillo Díaz, excomandante de la Séptima División del Ejército, responsable de la jurisdicción en Antioquia, Chocó y Córdoba, cuya salida ha generado controversia y sospechas de interferencia externa.

El general Óscar Leonel Murillo Díaz fue uno de los oficiales más visibles en la lucha contra organizaciones armadas y narcotraficantes en su región de mando. Sin embargo, su retiro ha sido objeto de análisis y cuestionamientos, en especial tras revelarse una serie de documentos distribuidos por militares cercanos a él, que apuntan a una posible campaña de desprestigio por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Según estos documentos, el ELN habría lanzado una “guerra de información” durante dos años con el objetivo de dañar la imagen de Murillo y generar presión para su retiro. En medio de esta polémica, el propio general Murillo presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación el 20 de septiembre de 2023, en la que acusó a integrantes indeterminados del frente de guerra Occidental del ELN por injuria y calumnia.

La denuncia de Murillo también tiene relación con una campaña de desprestigio en la que se le asoció con el Clan del Golfo, una de las principales organizaciones de narcotráfico en Colombia. Según el general retirado, miembros del ELN difundieron información falsa para vincularlo con esta estructura delictiva, una acusación que habría circulado en redes sociales y medios locales, dañando su reputación y sembrando dudas en la opinión pública y en sectores del Gobierno Nacional.

Diversos informes de Inteligencia Militar indican que el ELN utilizó esta supuesta campaña mediática para erosionar la legitimidad de los comandantes en la región y afectar la confianza de la población en las Fuerzas Militares. No obstante, algunos sectores especulan que ciertos funcionarios del Gobierno Nacional pudieron haber dado credibilidad a estas acusaciones, lo que habría influido en la decisión de no conceder el ascenso al general Murillo.