El presidente Gustavo Petro generó controversia durante su visita a Medellín al proponer beneficios jurídicos para líderes de bandas del Valle de Aburrá y cuestionar la independencia de los fiscales que operan en la capital antioqueña, abriendo múltiples frentes de debate sobre su política de Paz Total.

Durante un discurso de más de dos horas, el mandatario hizo un llamado directo a la fiscal general Luz Adriana Camargo para acompañarlo en una visita a la Cárcel de Itagüí con el objetivo de examinar posibles beneficios jurídicos para los capos de las organizaciones criminales.

“Yo llevaré, si ella quiere, es libre, a la Fiscal General y yo como Presidente de Colombia vayamos a la cárcel a examinar bajo las normas existentes, legales, las posibilidades de beneficios jurídicos a cambio de la dejación completa y definitiva de las armas y el asesinato”, declaró Petro.

El presidente aclaró que aún no ha realizado esta propuesta formal a Camargo debido a que se encuentra de viaje en el exterior. Los beneficios estarían condicionados al cese total de acciones violentas, extorsión y apoyo al narcotráfico por parte de estas organizaciones.

La propuesta surge en medio de un proceso de concertación que presenta señales de desgaste tras más de un año de desarrollo. Aunque gran parte de las discusiones permanece bajo reserva, los puntos de mayor preocupación para los líderes de bandas incluyen el destino de sus bienes tras el sometimiento, su uso para reparación de víctimas y el denominado “punto final” que reuniría todos sus casos judiciales.

Los voceros de las organizaciones criminales han manifestado que el marco jurídico para el sometimiento carece de claridad, situación que se agrava con el factor tiempo, considerando que Petro se aproxima a su último año de gobierno.

En paralelo a la propuesta de beneficios, el presidente dirigió críticas hacia la supuesta falta de independencia de los fiscales que operan en Medellín, en declaraciones que fueron interpretadas como una referencia indirecta al caso Aguas Vivas que involucra al exalcalde Daniel Quintero.

“Tener el alcalde una asesora que fue fiscal dándole órdenes a los fiscales de Antioquia para que pongan presos a sus enemigos políticos. No, señor. Eso se llama dictadura. Eso no es democracia”, expresó el mandatario.

Las declaraciones presidenciales coinciden con la narrativa que ha venido impulsando Quintero, quien presenta el escándalo de corrupción como una supuesta persecución política. El exalcalde había solicitado sin éxito el traslado de su proceso judicial a Bogotá antes de quedar formalmente imputado tras múltiples aplazamientos.

Petro dirigió también un mensaje específico al alcalde Federico Gutiérrez: “Le pido al alcalde Fico que no rompa la Constitución y saque su fiscal de la oficina, porque la Fiscalía debe ser independiente del ejecutivo”.

Con información de el colombiano