El presidente Gustavo Petro generó controversia al afirmar que “nunca se debió haber hecho la represa de Hidroituango (Antioquia) y el Quimbo (Huila)”, reavivando el debate sobre la seguridad energética y el impacto ambiental de los megaproyectos en Colombia.

Durante su visita al departamento del Huila, el mandatario expresó su preocupación por los riesgos asociados a estas obras. Respecto a Hidroituango, Petro señaló que su ubicación junto a una falla tectónica representa un peligro potencial, cuestionando la planificación y ejecución del proyecto.

El jefe de Estado enfatizó que el verdadero desarrollo debe priorizar el crecimiento de la vida, no su destrucción. Esta declaración se enmarca en un contexto de incertidumbre sobre la seguridad energética del país y las reservas disponibles, especialmente ante fenómenos climáticos como El Niño.

Petro también abordó la polémica situación de la hidroeléctrica Urrá, denunciando presuntas irregularidades en la venta de energía y el impacto social de su construcción. Según el presidente, la energía producida en Urrá se vende a 220 pesos por kilovatio hora (kWh) a empresas intermediarias, que posteriormente la revenden a distribuidoras como Air-e a 880 pesos kWh, llegando finalmente al consumidor a 1.100 pesos kWh.

El mandatario cuestionó la transparencia de estas operaciones, sugiriendo la posibilidad de negocios oscuros o incluso la intervención de dineros ilícitos. Estas acusaciones ponen en tela de juicio la gestión de los recursos públicos en el sector energético y la efectividad de las políticas actuales para garantizar el acceso equitativo a la energía.

Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación ha informado que la producción energética de Hidroituango no ha disminuido a pesar del fenómeno de El Niño.