El paro campesino iniciado en Boyacá se mantiene activo pese a los avances registrados en la Mesa de Diálogo entre el Gobierno Nacional y los líderes agrarios de la Alta Ladera. Los bloqueos y protestas en varios municipios del departamento continúan mientras persiste el desacuerdo central sobre las restricciones impuestas al Páramo del Cocuy.

El principal obstáculo para levantar la movilización radica en la exigencia campesina de derogar las resoluciones que restringen actividades productivas en el Parque Nacional Natural El Cocuy y su zona de influencia. Los agricultores argumentan que estas normas limitan sus prácticas tradicionales de subsistencia y producción alimentaria.

La ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez-Torres, ratificó la posición gubernamental mediante un mensaje en su cuenta oficial de X, asegurando que el Estado no revocará “de un plumazo” los instrumentos jurídicos que protegen el páramo.

Vélez-Torres enfatizó que no se desprotegerá el ecosistema paramuno y que tampoco se autorizará la minería en la zona, donde actualmente existen siete títulos mineros superpuestos. “Nuestro compromiso es actuar en derecho y respetar el debido proceso en la protección de los páramos y la garantía de los derechos de miles de familias productoras de alimentos”, declaró la funcionaria.

La posición oficial del Gobierno establece que cualquier modificación a las normas ambientales debe realizarse siguiendo el debido proceso legal, sin comprometer la integridad del páramo ni habilitar actividades extractivas que pongan en riesgo el ecosistema.

Durante las negociaciones se logró el reconocimiento mutuo de que es posible establecer una convivencia entre la conservación ambiental y la producción agrícola campesina. Este consenso representa un avance significativo en las conversaciones, aunque no ha sido suficiente para resolver el conflicto principal.

Las autoridades han destacado la importancia de mantener los canales de diálogo abiertos y han hecho un llamado a evitar acciones que profundicen la crisis territorial. Sin embargo, las comunidades campesinas mantienen su posición de condicionar el levantamiento del paro a la derogación de las resoluciones restrictivas.

Los bloqueos han afectado la movilidad y el comercio en varios municipios boyacenses, generando tensión en las comunidades locales. Las protestas se concentran especialmente en las zonas rurales cercanas al Páramo del Cocuy, donde las familias campesinas desarrollan actividades agrícolas desde hace décadas.

La situación evidencia el desafío que enfrenta el país para equilibrar la protección de ecosistemas estratégicos con los derechos y necesidades económicas de las poblaciones rurales que históricamente han habitado estos territorios.

Con información de wradio