La bancada de oposición en el Congreso convocará a un debate de control político en la Cámara de Representantes para cuestionar a altas autoridades del Gobierno sobre presuntos vínculos entre miembros del Ejército y estructuras disidentes.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, fueron citados de manera obligatoria. Adicionalmente, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, recibió una invitación para participar en la sesión plenaria.

El cuestionario presentado por los congresistas incluye preguntas específicas sobre posibles compromisos en la seguridad de las comunicaciones militares y el manejo de información sensible relacionada con grupos armados ilegales.

Los parlamentarios solicitarán al ministro Sánchez informar si el Ministerio ha ordenado una revisión exhaustiva de los sistemas de comunicaciones militares. El objetivo es verificar si los códigos fueron comprometidos, y en caso afirmativo, si fueron actualizados o modificados para garantizar la seguridad operacional.

Este interrogante surge en el contexto de las investigaciones sobre la caravana interceptada en julio de 2024, donde se decomisaron dispositivos que contendrían información sobre posibles contactos entre miembros de la fuerza pública y disidencias.

Jorge Lemus deberá responder si algún funcionario de la DNI, específicamente Wilmar Mejía, aparece en comunicaciones enviadas a alias ‘Calarcá’ o a integrantes del autodenominado Estado Mayor Central.

Los congresistas también indagarán si se ha abierto una investigación interna para determinar si Mejía habría utilizado su posición estratégica para desmantelar estructuras de inteligencia que pudieran obstaculizar las operaciones de las disidencias vinculadas a ‘Calarcá’.

La fiscal Camargo deberá precisar la fecha exacta en que la entidad tomó posesión de las pruebas incautadas en el retén militar. Los legisladores buscan conocer las razones procesales por las cuales consideran que la investigación no ha avanzado significativamente, mientras las estructuras disidentes continúan expandiéndose territorialmente.

Además, se le exigirá detallar qué acciones ha implementado la Fiscalía para investigar un presunto “pacto de no agresión” entre la fuerza pública y las disidencias en tres zonas específicas: Catatumbo, Antioquia y Sur de Bolívar.

Fuentes legislativas indicaron que el debate será programado en los próximos días dentro de la agenda de la plenaria de la Cámara de Representantes. Una vez fijada la fecha, los funcionarios citados deberán comparecer y responder los cuestionamientos presentados por los congresistas de oposición.

Con información de caracol radio