En una operación conjunta de las Fuerzas Militares y la Policía, el Ministerio de Defensa confirmó que diez integrantes de la estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, facción de las disidencias de Calarcá, fueron neutralizados en la zona selvática de Guaviare. Entre los fallecidos se encuentran tres menores de edad, mientras que un integrante fue capturado y siete otros fueron dados de baja.

El operativo, que se llevó a cabo en una zona de difícil acceso, permitió a las autoridades “afectar de manera estratégica a esta estructura armada”, según el comunicado del ministro Jorge Mora. Además, se incautó un arsenal considerable: 19 fusiles, siete ametralladoras, 15 armas cortas, un mortero de 60 mm, 22 granadas de mortero, ocho granadas de 40 mm, 174 municiones, 184 minas antipersona, 20 granadas para drones y más de 29 000 municiones en total.

El Instituto de Medicina Legal confirmó que los tres menores fallecidos eran parte de la estructura atacada. “El reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario y un crimen de guerra”, declaró el Ministerio de Defensa. El ministro Mora aseguró que se trabajará con el Ministerio de Justicia y otras entidades para fortalecer la protección de los menores, perseguir las redes de reclutamiento y sancionar a quienes los instrumentalizan.

El ministro también destacó que la operación cumplió con “todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante su planeamiento y la ejecución”. “Mantendremos las operaciones contra las estructuras armadas ilegales, incluso en zonas selváticas de difícil acceso, bajo el cumplimiento de la ley y los protocolos establecidos”, añadió.

Según cifras del Instituto de Medicina Legal, durante el gobierno de Gustavo Petro se registraron 62 menores de edad fallecidos en operaciones militares, mientras que en la administración de Iván Duque se contabilizaron 42 menores entre 367 personas fallecidas. El presidente de la República, en su intervención, reiteró su respaldo a las acciones de la Fuerza Pública contra los grupos narcoterroristas y condenó el reclutamiento de menores como un crimen que “debe pagar”.

El presidente también afirmó que “no descansaré hasta reconstruir los valores de la patria y retomar la soberanía que le había sido entregada al narcoterrorismo”, subrayando su política de confrontación contra las organizaciones armadas ilegales.

El Ministerio de Defensa aseguró que las minas antipersona incautadas estaban destinadas a ser utilizadas en territorio colombiano y que representan un riesgo tanto para la población civil como para los integrantes de la Fuerza Pública. Se continuará con la investigación y la desactivación de estos dispositivos para garantizar la seguridad de las comunidades locales.

Con esta operación, el gobierno reafirma su compromiso de combatir la violencia armada y proteger a los ciudadanos, especialmente a los menores, de la explotación y el reclutamiento por parte de grupos ilegales. La respuesta rápida y la coordinación entre las Fuerzas Militares, la Policía y los organismos judiciales buscan garantizar la justicia y la protección de los derechos humanos en la región.