El más reciente Informe de Situación Humanitaria de Naciones Unidas reveló un preocupante deterioro de la seguridad en Colombia, donde solo en julio de 2025 más de 6.880 civiles fueron víctimas de ataques directos, cifra 17 veces superior a la registrada en el mismo mes de 2024. Cauca, Amazonas y Nariño figuran entre los departamentos más afectados por la violencia.

Las restricciones a la movilidad y los confinamientos impuestos por grupos armados no estatales constituyen una de las prácticas más graves contra la población civil. Durante los primeros siete meses de 2025, 113.000 personas quedaron bajo encierro forzado, registrando un aumento del 52% respecto al año anterior.

Cauca, Chocó, Guaviare y Valle del Cauca concentran la mayoría de estos casos, muchos vinculados a paros armados y enfrentamientos en zonas rurales que impiden el libre tránsito de las comunidades.

El desplazamiento forzado muestra una tendencia alarmante. Entre enero y julio, al menos 74.400 personas fueron víctimas de desplazamientos masivos, un incremento del 85% respecto al mismo periodo de 2024. A esta cifra se suman más de 57.000 desplazados individuales, concentrados especialmente en Norte de Santander, Bolívar, Cauca y Valle del Cauca.

El uso de artefactos explosivos experimentó un repunte significativo, con un aumento del 94% comparado con 2024, afectando a 5.351 personas. El informe documenta el empleo de minas antipersonal, trampas explosivas e incluso drones con cargas explosivas, elevando el riesgo para comunidades en Cauca, Norte de Santander y Antioquia.

Esta modalidad de violencia representa una amenaza creciente para la población civil, especialmente en territorios rurales donde opera la presencia de grupos armados ilegales.

A la violencia armada se suma el impacto de los desastres naturales. Durante la actual temporada de lluvias, más de 694.000 personas resultaron afectadas por inundaciones y deslizamientos, particularmente en departamentos de la Amazonía y la Orinoquía como Arauca, Guaviare, Putumayo, Caquetá y Amazonas.

Estas emergencias han destruido viviendas, escuelas y vías de comunicación, agravando la crisis humanitaria de comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales que ya enfrentaban las consecuencias del conflicto armado.

El informe identifica que los pueblos indígenas (20%), las comunidades afrocolombianas (22%) y los niños, niñas y adolescentes (14%) constituyen la población más golpeada por la crisis humanitaria.

Municipios como Tibú y Ocaña en Norte de Santander, Tumaco en Nariño, López de Micay en Cauca y San José del Guaviare aparecen entre los territorios más afectados por la combinación de violencia y emergencias naturales.

La ONU concluye que Colombia enfrenta un escenario humanitario complejo, caracterizado por la combinación de conflicto armado y emergencias naturales. Esta situación dual exige respuestas urgentes y coordinadas de las autoridades para proteger a las comunidades más vulnerables.

El organismo internacional subraya la necesidad de implementar estrategias integrales que aborden tanto las causas del conflicto como la prevención y atención de desastres naturales, considerando el impacto diferenciado sobre poblaciones étnicas y rurales.

Con información de bluradio