Las disidencias de las FARC ejecutaron una serie de ataques en el departamento del Cauca, generando temor en varias comunidades. En menos de 24 horas, se registraron siete atentados en distintos municipios, lo que obligó a las autoridades a reforzar la seguridad en la zona.

Los hechos violentos incluyeron explosiones con drones, ráfagas de fusil contra estaciones de Policía y bases militares. Según información preliminar, estos ataques podrían estar relacionados con la conmemoración de la muerte de Manuel Marulanda Vélez, alias “Tirofijo“, fallecido en 2008. En redes sociales circuló un video en el que Néstor Gregorio Vera, alias “Iván Mordisco”, comandante del Estado Mayor Central de las disidencias, hizo referencia a esta fecha.

Las acciones comenzaron en municipios del norte del Cauca como Toribío, Corinto, Caldono, Santander de Quilichao y Cajibío. Durante el día, se reportaron dos atentados adicionales en Piendamó y Suárez. En este último, un dron con explosivos dejó cinco personas heridas, entre ellas dos menores de edad y un policía.

El alcalde de Suárez, César Cerón, rechazó los hechos y llamó al respeto por la población civil. “Instamos a los involucrados y al Gobierno a buscar salidas negociadas y privilegiar el diálogo para evitar que esta situación humanitaria siga agravándose”, expresó.

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, condenó la escalada de violencia y anunció una recompensa de hasta $300 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables de los atentados.

“Las disidencias han sembrado terror en siete municipios del Cauca con explosivos, drones, hostigamientos y panfletos. Colombia no retrocede ante criminales que solo han dejado dolor y miseria”, afirmó el ministro, agregando que la Fuerza Pública está desplegada para proteger a las comunidades y garantizar la seguridad.

Preocupación por la expansión de las disidencias

Más allá del Cauca, las disidencias han fortalecido su presencia en otras regiones como el Catatumbo. Un informe de Human Rights Watch (HRW) documenta múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por el Frente 33 en esta zona fronteriza.

Según el informe, la disidencia ha aprovechado el cese al fuego pactado con el Gobierno para expandir su control sobre las comunidades. “Durante las negociaciones con el Frente 33, el Gobierno acordó un cese al fuego y planes de desarrollo local en colaboración con la disidencia, a pesar de que los combatientes permanecen en armas”, señala el documento.

Reclutamiento de menores y trabajos forzados

El informe de HRW denuncia un aumento en el reclutamiento forzado de menores desde enero de 2024. “Entre el 1 de enero y el 19 de febrero, las autoridades colombianas recuperaron a 44 menores, la mayoría en poder del Frente 33”, detalla la organización. También advierte sobre asesinatos y desapariciones de campesinos acusados de colaborar con el Ejército o con el ELN.

El informe describe la existencia de “campamentos de resocialización”, donde las personas señaladas de infringir normas impuestas por la disidencia son obligadas a realizar trabajos forzados. Un testimonio recogido en la investigación relata que los castigos incluyen jornadas de trabajo extenuantes y ejecuciones ejemplarizantes.

Recomendaciones de HRW al Gobierno

HRW ha formulado una serie de recomendaciones al Gobierno colombiano, entre ellas:

– Diseñar e implementar una política de seguridad que proteja a la población del Catatumbo.
– Incluir salvaguardas concretas en cualquier acuerdo de cese al fuego para proteger a los civiles.
– Evitar desarrollar planes de desarrollo rural con la participación de grupos armados.
– Garantizar que los desplazados sean protegidos y que cualquier retorno sea voluntario y seguro.