Mientras la atención del país se centraba en El Retorno, Guaviare, donde las disidencias de alias Iván Mordisco mantuvieron secuestrados a 33 soldados durante más de tres días, en Corinto (Cauca) esa misma estructura armada cometía un doble homicidio. Jaime Becerra Castilla, líder comunitario de 61 años que trabajaba con la administración municipal, y dos policías que lo acompañaban fueron atacados por hombres armados que se movilizaban en una camioneta. Becerra y uno de los uniformados murieron en el lugar.

Con este crimen, la Fiscalía General de la Nación contabilizó a Becerra como el líder social número 136 asesinado en 2025. Sin embargo, las cifras varían según la fuente: Indepaz registra 105 casos y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha verificado 41.

Escalada de violencia

Los asesinatos de líderes sociales se mantienen en varias regiones del país como Cauca, Putumayo, Arauca, Catatumbo y Valle del Cauca, donde comunidades campesinas enfrentan la presión de grupos armados vinculados al narcotráfico, la minería ilegal y el reclutamiento de menores. Según datos de la Fiscalía, en promedio cada día y medio es asesinado un líder social. De mantenerse la tendencia, 2025 podría superar los registros de 2022, considerado el año más crítico con 212 homicidios.

En contraste, Indepaz reportó su pico en 2023 con 188 casos, mientras Naciones Unidas verificó 116 asesinatos en 2022 y 105 en 2023. A pesar de las diferencias estadísticas, la conclusión es coincidente: la violencia contra liderazgos comunitarios persiste.

Casos recientes en el Valle del Cauca

El 15 de agosto fue asesinado en Palmira, Valle, Álvaro Roncancio, de 64 años, presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Tenjo. Una semana antes, en Jamundí, cayó Ruhalt Martínez, líder de Villa Colombia, zona donde operan las disidencias de la columna Jaime Martínez. Ambos habían denunciado amenazas previas y enfrentaban el riesgo constante por oponerse al control armado en la región.

Autoridades locales advierten que esta zona montañosa del Valle funciona como retaguardia estratégica para planear ataques como el ocurrido en Cali hace pocos días. En Villa Colombia, su antecesor en la presidencia comunal, Yeri Edwin Martínez, también fue asesinado en 2024.

Falta de protección y respuesta institucional

Desde 2016, año de la firma del Acuerdo de Paz, la Defensoría del Pueblo ha documentado al menos 1.577 asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos en Colombia. En su más reciente alerta temprana, la entidad advierte que líderes comunales, representantes de comunidades campesinas y personas en proceso de reincorporación siguen siendo objetivo de amenazas y homicidios.

Leonardo González, director de Indepaz, subraya que las discusiones sobre las cifras no deben generar falsas expectativas y advierte que en algunos territorios los liderazgos están desapareciendo por el riesgo de asumirlos. Por su parte, Laura Bonilla, de la Fundación Paz y Reconciliación, cuestiona la falta de políticas claras de prevención y denuncia limitaciones en la Unidad Nacional de Protección (UNP), tanto por problemas presupuestales como por señalamientos de corrupción.

Los departamentos más afectados

De acuerdo con Indepaz, Cauca encabeza las cifras en 2025 con 26 asesinatos, seguido de Antioquia (13) y Valle del Cauca (11). Juntos concentran el 47,6 % de los casos. Norte de Santander suma siete crímenes, mientras Putumayo y Nariño registran cinco cada uno. En regiones como Magdalena, Chocó, Bolívar y Guaviare se reportan cuatro homicidios por departamento.

Las comunidades denuncian que en muchos de estos territorios los grupos armados controlan desde la economía ilegal hasta actividades cotidianas de los habitantes, imponiendo extorsiones incluso a vendedores ambulantes. Oponerse a ese poder, coinciden los reportes oficiales y las organizaciones sociales, equivale a arriesgar la vida.