Mineros ancestrales e informales del Nordeste antioqueño iniciaron este lunes 24 de marzo un paro indefinido en el corregimiento de Porce, municipio de Santo Domingo. La manifestación, anunciada desde principios de mes, responde a presuntos incumplimientos del Gobierno Nacional respecto a acuerdos previos y a denuncias de operativos que, según los trabajadores, afectan sus derechos y medios de sustento.

El presidente de la Mesa Minera Segovia-Remedios, Yarley Marín, informó que ya se envió un pliego de peticiones al Gobierno Nacional en el que se solicita el cumplimiento de compromisos adquiridos en 2024.

“Lo que exigimos es que no nos sigan atropellando tratando una problemática social como si fuera de orden público. Estamos pidiendo oportunidades reales para nuestra comunidad minera”, declaró Marín.

La protesta, que se desarrolla de manera pacífica, ha generado bloqueos en vías clave que conectan el Nordeste y Magdalena Medio con Medellín, lo que ha provocado congestión vehicular. Al inicio de la jornada, cerca de 500 personas se sumaron al paro, y se espera que la cifra ascienda a 5.000 manifestantes en los próximos días.

Los puntos clave del pliego de peticiones

Los mineros del Nordeste antioqueño han solicitado al Gobierno Nacional el cumplimiento del “Acuerdo por la formalización y regularización minera de pequeña y mediana escala”, que contempla los siguientes puntos:

– Reconocimiento y formalización minera: Exigen procesos que les permitan legalizar su actividad sin ser criminalizados.
– No a la destrucción de maquinaria: Piden que los operativos no incluyan la incineración de equipos sin un debido proceso.
– Protección de los derechos humanos y laborales: Buscan garantías de seguridad y derechos para los trabajadores mineros.
– Articulación institucional y diálogo social: Exigen mesas de trabajo con el Gobierno Nacional para concertar soluciones.
– Bancarización y comercialización justa: Reclaman acceso a mecanismos financieros que les permitan operar dentro del sistema legal.
– Mejores condiciones para la obtención de explosivos: Solicitan regulaciones claras y accesibles para la compra legal de estos insumos.
– Alternativas productivas y desarrollo sostenible: Proponen opciones económicas complementarias para las comunidades mineras.
– Seguridad jurídica y política pública integral: Piden regulaciones claras que protejan la minería tradicional y ancestral.

Marín enfatizó que los mineros han manifestado su voluntad de legalidad, pero denuncian que siguen siendo tratados como delincuentes. “No estamos diciendo que no haya operativos, sino que cambie la dinámica. Que nos den la oportunidad de demostrar que no pertenecemos a ningún grupo criminal al margen de la ley”, afirmó.

Falta de caracterización y problemas con la bancarización

Otro de los puntos clave del paro es la falta de caracterización de los mineros ancestrales y tradicionales, un compromiso que, según los manifestantes, no se ha cumplido desde el paro de 2024. Según la Mesa Minera, al menos 60.000 personas dependen directamente de esta actividad en la subregión.

Asimismo, los trabajadores del oro señalan que el proceso de bancarización, una medida que les permitiría operar de manera formal en el sistema financiero, tampoco ha tenido avances significativos.

En espera de una respuesta del Gobierno

Según Marín, algunos voceros del Gobierno Nacional han mostrado disposición para el diálogo, pero hasta el momento no se ha concretado una reunión formal para tratar las exigencias del pliego de peticiones. “La idea es quedarnos en este punto hasta que se logre una solución”, puntualizó el líder minero.

El paro minero en el Nordeste de Antioquia se mantiene indefinido mientras los trabajadores esperan una respuesta concreta del Gobierno. La situación genera preocupación por su impacto en la movilidad y la economía de la región.