Una fuerte controversia se desató entre el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uscátegui, a raíz de un multimillonario contrato para fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Militares y de Policía. Mientras el Gobierno defiende la adquisición de nuevos equipos como una necesidad estratégica para enfrentar las amenazas de seguridad, el congresista insiste en que el proceso debe someterse a un estricto control de transparencia.

Durante una intervención pública, el ministro Sánchez calificó de “irresponsables” los cuestionamientos al proceso de contratación, al señalar que este ha sido estudiado durante más de seis meses y cuenta con el respaldo del documento CONPES correspondiente.

El jefe de la cartera de Defensa aseguró que frenar la adquisición pondría en riesgo la vida de militares y policías que enfrentan amenazas crecientes, entre ellas ataques con drones, de los cuales, según afirmó, se registra un intento cada 13 horas en distintas zonas del país.

Sánchez explicó que el plan contempla la compra de sistemas antidrones, vehículos blindados, helicópteros, aeronaves, drones, armamento de última tecnología y embarcaciones para fortalecer la capacidad de reacción de la Fuerza Pública. A su juicio, cuestionar estas inversiones equivale a debilitar las herramientas con las que cuentan los uniformados para proteger a la población.

La respuesta no tardó en llegar. El representante José Jaime Uscátegui defendió su solicitud de revisar el contrato, cuyo valor, según indicó, podría superar los 13 billones de pesos, y sostuvo que exigir controles técnicos, jurídicos y financieros sobre el uso de los recursos públicos no puede calificarse como un acto de irresponsabilidad.

El congresista aprovechó además para cuestionar la política de seguridad del actual Gobierno, al asegurar que la estrategia de “paz total” favoreció el fortalecimiento de grupos armados ilegales, el crecimiento de las economías ilícitas y la expansión de los cultivos de uso ilícito, mientras, según afirmó, los integrantes de la Fuerza Pública fueron desmotivados y abandonados.

Uscátegui concluyó que su obligación como congresista es velar porque cada peso destinado a la defensa nacional sea ejecutado con absoluta transparencia y reiteró que solicitar vigilancia sobre este tipo de contratos hace parte del control político que ejerce el Congreso sobre el Gobierno Nacional.