La Corporación MilVíctimas, entidad civil creada en 2017 para acompañar a miembros de la fuerza pública y sus familias víctimas del conflicto armado interno, anunció este lunes su retirada como defensora jurídica de 127 personas acreditadas en el macro‑caso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La decisión, formalizada en una carta dirigida a la ONU, se fundamenta en la imposibilidad material, jurídica y operativa de garantizar una defensa digna y eficaz bajo las condiciones actuales.

MilVíctimas señaló que, a lo largo de siete años, ha llevado a cabo procesos de representación y acompañamiento psicosocial sin financiamiento estatal ni de organismos internacionales, basándose exclusivamente en recursos propios y trabajo voluntario. Sin embargo, la organización identifica “limitaciones institucionales” que entorpecen su labor: dificultades para convocar y concentrar a las víctimas, retrasos en la entrega de información, escaso acceso a espacios de socialización y carencia de apoyo logístico básico.

A esto se suma una “persistente estigmatización” contra los miembros de la fuerza pública que, pese a ser víctimas, siguen siendo percibidos como perpetradores. Según MilVíctimas, esta percepción alimenta procesos de revictimización y debilita la garantía de acceso a la justicia, la reparación integral y la participación real en los procedimientos de la JEP.

Impacto en el macro‑caso 01

El macro‑caso 01 agrupa a 127 víctimas acreditadas, de las cuales 90 son directas y 37 indirectas. Con la renuncia de MilVíctimas, estas personas deberán buscar nueva representación legal para continuar sus trámites ante la JEP. La corporación advierte que la falta de un enfoque diferencial y la débil articulación institucional podrían generar cuellos de botella que retrasen la resolución de sus casos.

El anuncio ha sido recogido por medios como Semana y EFE, que destacan la ausencia de contratos, convenios o subsidios estatales en la gestión de MilVíctimas. Expertos en justicia transicional consideran que la medida pone de relieve la necesidad de fortalecer los mecanismos de apoyo a víctimas que no pertenecen a los grupos tradicionalmente priorizados en el proceso de paz.

“Cuando una organización que ha trabajado sin recursos externos se ve obligada a abandonar su misión, el mensaje es claro: el sistema no está garantizando las condiciones mínimas para la defensa de los derechos humanos”, comentó la académica Ana María Ríos, especialista en derecho penal internacional.

La JEP ha instado a las víctimas afectadas a contactar a otras entidades de la sociedad civil o a abogados particulares para evitar interrupciones en sus procesos. Mientras tanto, MilVíctimas mantendrá su presencia en redes sociales y canales de mensajería para difundir información y ofrecer acompañamiento psicosocial no jurídico.