En una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), varios oficiales retirados del Ejército admitieron haber facilitado la incursión del grupo paramilitar Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar (AUSAC) que, el 16 de mayo de 1998, dejó siete muertos, 25 secuestrados y decenas de desaparecidos en la comuna 7 de la ciudad. Las declaraciones, publicadas por la Unidad Investigativa de Caracol Radio, confirman una alianza criminal que permaneció oculta durante más de dos décadas.

Testimonios clave que rompen el silencio

El mayor (r) Oswaldo Prada Escobar, exjefe de inteligencia del Batallón Nueva Granada, reconoció haber sido informado con antelación del plan paramilitar y que la institución militar no solo no intervino, sino que preparó el terreno para que el ataque se ejecutara sin obstáculos. Según su relato, dos días antes de la masacre participó en una reunión donde se acordó el ingreso de hombres encapuchados a la zona y el “levantamiento” de personas catalogadas erróneamente como guerrilleras.

El capitán (r) Álvaro Enrique Daza Camargo, a cargo de una base en Barrancabermeja, declaró que recibió la orden explícita de permanecer inmóvil la noche del operativo. “Me avisaron un día antes que los paramilitares entrarían en total libertad y que debía ‘no hacer nada’”, explicó entre lágrimas, añadiendo una disculpa pública a las víctimas por el encubrimiento prolongado.

Ambos coincidieron en señalar al mayor Carlos Ávila Avendaño, entonces jefe de operaciones del Batallón Nueva Granada, como responsable de levantar retenes y permitir la salida del escuadrón armado con los secuestrados rumbo a San Rafael de Lebrija. También denunciaron presiones para mantener el silencio y evitar que los superiores fueran involucrados.

El capitán (r) Jorge Eduardo González, exsubjefe de seguridad de Ecopetrol en la ciudad, admitió haber fungido como enlace entre la inteligencia militar y los paramilitares. González confirmó su participación en la planificación de la incursión, cuyo objetivo inicial era capturar a supuestos guerrilleros y afianzar el control paramilitar en la zona. “Nadie anticipó que serían 25 secuestrados y 7 muertos”, afirmó ante la JEP.

Repercusiones judiciales y avances de la investigación

La Fiscalía ha reiterado que el caso “Masacre de Barrancabermeja” sigue abierto y que los oficiales que comparecieron han rendido declaraciones juradas. Hasta la fecha, solo el mayor Prada ha sido privado de la libertad y aceptó su incorporación a la JEP; los demás mandos aún no han sido judicializados.

Los testimonios coinciden con declaraciones previas de paramilitares rendidos, como el alias “Panadero”, quien describió cómo la Fuerza Pública permitió el ingreso, la permanencia y la salida del escuadrón sin resistencia. Este nuevo conjunto de pruebas refuerza la hipótesis de una colusión estructural entre el Ejército y grupos armados ilegales durante los años noventa.

Contexto histórico y demanda de justicia

La masacre de la comuna 7, perpetrada en medio de un bazar comunitario, dejó una profunda herida en la población de Barrancabermeja. Organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas denunciaron desde entonces la complicidad estatal, pero la falta de pruebas contundentes había impedido avances judiciales. Las confesiones recientes podrían abrir la puerta a procesos de verdad y reparación más amplios, alineados con los objetivos de la JEP de esclarecer crímenes de guerra y garantizar la no repetición.

Implicaciones para la política de seguridad nacional

Este episodio reaviva el debate sobre la relación entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares en Colombia. Expertos advierten que la revelación de estos vínculos podría generar reformas estructurales en la doctrina militar y fortalecer los mecanismos de control civil. Asimismo, la presión internacional para que el Estado garantice la investigación completa y la sanción de los responsables se intensifica.

La JEP ha programado nuevas audiencias para profundizar en los detalles de la coordinación entre militares y paramilitares. Se espera que la Corte Suprema de Justicia evalúe la posibilidad de abrir procesos penales contra los oficiales que aún no han sido juzgados. Mientras tanto, los familiares de las víctimas continúan exigiendo la ubicación de los desaparecidos y la reparación integral de los daños sufridos.