Miguel Quintero seguirá recluido en la cárcel El Barne de Cómbita tras la negativa de una tutela que pedía su traslado a Antioquia

Por: Redacción Paragrafo

19 noviembre, 2026

Medellín, 19 de noviembre de 2026 – El juez administrativo del Juzgado Veinticuatro Oral de Medellín rechazó este viernes la acción de tutela interpuesta por la Veeduría Ciudadana Dignidad y Derechos Humanos, manteniendo a Miguel Andrés Quintero Calle bajo custodia en el penal El Barne, ubicado en el municipio de Cómbita, Boyacá. La decisión, dictada el 18 de noviembre, declaró improcedente el recurso que buscaba trasladar al investigado a un establecimiento penitenciario de Antioquia.

La tutela, radicada el 9 de noviembre, pretendía proteger derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la dignidad humana y la unidad familiar del detenido, además de garantizar el vínculo con su hija menor. La veeduría, representada por Cecilia Quiroz, alegó actuar como agente oficiosa de Quintero, pero el juzgado consideró que no estaba acreditada la legitimación activa para presentar la solicitud, motivo por el cual se desestimó el amparo.

Miguel Quintero, hijo del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, está siendo investigado por presuntas irregularidades en seis contratos adjudicados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí durante 2020‑2021. La Fiscalía le imputa delitos de interés indebido y peculado, con un daño patrimonial estimado en más de 2.481 millones de pesos.

Tras la revocatoria de su detención domiciliaria por parte de un tribunal de segunda instancia, el 30 de octubre fue trasladado a la cárcel El Barne, en Boyacá, donde permanece bajo régimen de seguridad mínima. La defensa había solicitado, sin éxito, un cupo en la cárcel Yarumito, de Itagüí, argumentando que el vínculo familiar con el exalcalde le confería una condición especial. La Secretaría de Seguridad de Antioquia rechazó la petición, señalando que los hechos investigados no le otorgan la condición de servidor público y que el centro no cuenta con la infraestructura adecuada para su nivel de riesgo.

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, criticó la intervención de la veeduría, indicando que la organización no tenía legitimidad para representar al investigado y que ni siquiera su abogado defensor estaba al tanto de la tutela. De Bedout advirtió contra la percepción de un trato privilegiado derivado de la relación familiar con el exalcalde.

Por su parte, la Gobernación de Antioquia reiteró su postura anterior, subrayando que la seguridad del penal Yarumito no se ajusta al perfil de riesgo que presenta Quintero. Según la entidad, el establecimiento está catalogado como de mínima seguridad y carece de los recursos de vigilancia requeridos.

La sentencia de tutela marca un nuevo revés para la estrategia de defensa de Quintero, que había buscado, mediante la vía constitucional, modificar las condiciones de su reclusión. La falta de legitimación activa es un criterio recurrente en la jurisprudencia colombiana, que exige que el solicitante demuestre una relación directa y suficiente con el titular de los derechos vulnerados.

Con la decisión judicial, el proceso penal contra Quintero continúa su curso en la Fiscalía, mientras la defensa evalúa posibles recursos contra la inadmisibilidad de la tutela. La situación mantiene la atención de la opinión pública, especialmente por los vínculos familiares del investigado con figuras políticas de alto perfil.

El Ministerio Público sigue adelante con la investigación de los contratos adjudicados al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, y se espera que en los próximos meses se presenten cargos formales contra Miguel Quintero. Mientras tanto, la veeduría Dignidad y Derechos Humanos podría explorar otras vías legales para proteger los derechos del detenido, aunque la falta de legitimación seguirá siendo un obstáculo significativo.