El Consejo de Reincorporación del partido Comunes alertó sobre el preocupante incremento de asesinatos contra excombatientes firmantes del acuerdo de paz, cuya cifra supera los 430 casos desde la firma del acuerdo en 2016. La denuncia cobra especial relevancia tras el reciente homicidio de Carlos Jeison Jiménez, ocurrido el 28 de octubre en el departamento del Meta.

La organización política criticó duramente el “silencio preocupante” de las entidades responsables de garantizar la protección de los firmantes, particularmente en zonas como el Meta, donde la presencia de disidencias de las FARC representa una amenaza constante para los excombatientes.

En un pronunciamiento público, el partido cuestionó la coherencia entre el discurso gubernamental de posicionar a Colombia como “potencia mundial de la vida” y la realidad que enfrentan los firmantes del acuerdo. “¿Qué está pasando con nuestras vidas?”, manifestaron desde la colectividad política.

Como parte de las acciones propuestas, el Consejo solicitó la intervención de Rafaela Cortés, gobernadora del Meta, para que asuma un rol como facilitadora de paz en su departamento y coordine estrategias de seguridad efectivas. Adicionalmente, pidieron fortalecer la participación de las instancias locales de reincorporación en asuntos de seguridad.

La organización también instó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a convocar una audiencia de carácter urgente para exponer la vulnerabilidad que experimentan los firmantes. Este espacio buscaría visibilizar la problemática y exigir al Gobierno nacional acciones concretas que garanticen la vida de quienes apostaron por la reconciliación y el desarme.