Las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, en Bogotá, tomaron un giro tenso, dejando un rastro de violencia que ha generado diversas opiniones. La activista conocida como ‘La Pelirroja’ admitió que algunas manifestantes dañaron estaciones de TransMilenio y paraderos del SITP, reconociendo la existencia de actos violentos en medio de las protestas.

“Sí hay actos, hay actos violentos. Hay chicas que se expresan desde acciones, ¿sí?, que de pronto son muy visibles porque son violentas, de cierta manera, pero son acciones que también se generan cuando no hay una atención oportuna, cuando no hay una escucha activa por parte del Gobierno”, expresó ‘La Pelirroja’.

Sin embargo, la activista denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, alegando que reprimieron la manifestación con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras sin previo diálogo. “Incluso antes de cualquier confrontación, la Policía ya mostraba una actitud provocativa y agresiva hacia las manifestantes”, agregó.

 

No se usaron gases lacrimógenos sino aturdidoras

La versión de Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, también se sumó al debate. Galán aseguró que la orden a la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antiguo Esmad, era acompañar la marcha sin intervención. Sin embargo, explicó que la situación se volvió tensa cuando algunas manifestantes intentaron quemar a un gestor de convivencia con un lanzallamas frente a la Catedral Primada.

No obstante, el alcalde de Bogotá ha admitido públicamente las fallas en el dispositivo de seguridad durante las manifestaciones del 8 de marzo y reiteró que aunque la instrucción era mantener una “distancia prudente y solamente intervenir cuando fuese necesario”, hubo otras deficiencias como el alumbrado de la zona y la disponibilidad de accesos a la plaza.

Galán aclaró que, según la información disponible, no se utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a las manifestantes, sino aturdidoras, dispositivos que emiten solo ruido y no representan un riesgo para la seguridad. El alcalde destacó que estas medidas no fueron instrucciones directas de la Alcaldía ni del mando de la Policía, sino decisiones tomadas por un miembro de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) en terreno.

Galán afirmó que la ley faculta a un miembro de la UNDMO intervenir cuando considera, en terreno, que puede haber riesgo a la integridad de una persona y la acción se ejecutó porque alguien utilizó un aerosol con fuego hacia los gestores y la Policía, lo que llevó a la intervención de un gestor de la Defensoría del Pueblo.

Respecto a las otras dos fallas que contribuyeron a la situación, mencionó problemas en la iluminación de la Plaza de Bolívar, que persistían desde enero debido a un corto circuito e indicó que cuatro de las ocho entradas a la plaza estaban cerradas, no solo esa noche específica, sino en días anteriores, con dos de ellas cerradas por “razones de seguridad” hacia la Presidencia.

El mandatario local afirmó que los gestores que supervisaban las protestas informaron que no se observaron actuaciones desmedidas por parte de la Policía o excesos de fuerza hacia las mujeres manifestantes. No obstante, indicó que también se está llevando a cabo una investigación para esclarecer los eventos y determinar posibles responsabilidades.

La marcha, según Galán, transcurrió en su mayoría de manera pacífica, aunque reconoció momentos de tensión, como la destrucción de mobiliario público y vandalismo en estaciones de TransMilenio, que fueron resueltos por las autoridades.

 

Publican cartel de mujeres implicadas en desmanes durante marcha en Medellín

En un intento por esclarecer los disturbios registrados durante la marcha del Día Internacional de la Mujer en Medellín, la Policía Nacional ha difundido un cartel con las imágenes de ocho mujeres que se presume estarían involucradas en los actos vandálicos que dejaron cuatro estaciones del Metroplús con vidrios rotos y grafitis en su estructura.

La manifestación, que congregó a aproximadamente 3.000 personas según la Personería de Medellín, culminó con daños materiales significativos en estaciones clave del sistema de transporte. La policía logró la captura de una mujer en flagrancia, portando un martillo y cometiendo actos de vandalismo que dejaron fuera de servicio las estaciones afectadas.

El general en retiro, Pablo Ruiz, ha instado a la colaboración ciudadana para dar con el paradero de las ocho mujeres señaladas por las cámaras de vigilancia de la ciudad. En conferencia de prensa, el general expresó: “Este cartel identifica, a través de las cámaras de seguridad, los rostros de este grupo de mujeres que generaron estos daños en la ciudad como tal. Pedimos a todas los ciudadanos y ciudadanas de bien que nos ayuden a identificar y capturarlas para que respondan por el delito de daño en bien ajeno ante la Fiscalía General de la Nación”.

El cartel, que incluye fotografías de las presuntas responsables, ha sido publicado en distintos medios de comunicación y redes sociales con el fin de ampliar la difusión y obtener información que conduzca a su captura.

 

Consecuencias legales

La justicia colombiana contempla penas severas para los responsables de actos vandálicos como los ocurridos durante la marcha del 8 de marzo. El delito de daño en bien ajeno puede acarrear penas de prisión que oscilan entre los 16 y 90 meses, además de multas que van desde los 6 hasta los 37 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Las autoridades esperan el apoyo de la ciudadanía en la identificación y detención de las ocho mujeres involucradas en estos desmanes durante la marcha 8M, a fin de garantizar la seguridad y el respeto a la propiedad pública.